La industria minera boliviana es un riesgo para la Cuenca del Pilcomayo en su conjunto y el país con mayor impacto negativo es precisamente Bolivia.
El 29 de agosto de 1996 marco un punto de inflexión en la legislación de Bolivia en materia de protección ambiental en torno a las minas de Potosí.
En la madrugada de ese día se rompió el dique de desechos de la minera de Porco, en las montañas de Potosí: 235 mil toneladas de residuos tóxicos cayeron en la naciente del Pilcomayo.
Fue el mayor desastre ecológico en la historia de Bolivia. La mina de Porco, en su momento la más avanzada en sistemas de control y monitoreo, cedió ante intensas lluvias y el fango arraso con la represa que contenía los desechos.
A partir de allí, Bolivia estableció mecanismos de control más estrechos y un sistema de monitoreo ambiental.
El accidente de la mina de Porco causó preocupación aguas abajo, Argentina y Paraguay reclamaron a Bolivia el control de su industria minera.
A los reclamos diplomáticos se unieron las voces de los mismos bolivianos quienes son los primeros en sufrir los efectos generados por los accidentes en las minas.
Mecanismos de control
La Comisión Trinacional del Pilcomayo estableció mecanismos de control de calidad de agua; el último monitoreo se realizó en el mes de agosto, con la participación de técnicos de los tres países.
Los datos son de acceso público y se puede realizar un seguimiento de la información desde el año 1996 en adelante.
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El último accidente minero tuvo lugar en la noche del 24 de julio último, en la localidad de Agua Dulce, Potosí. Los residuos no llegaron hasta el cauce del Pilcomayo, pero volvió a poner en la mesa de discusión el riesgo generado por la actividad minera.
Si bien el gobierno boliviano reaccionó con prontitud y contuvo los desechos, sumado a la imputación de los responsables del accidente en la mina, el riesgo sigue latente.
Dada la importancia de la industria minera en la economía de Bolivia la posibilidad de un cierre es impensable. Esto implica que tendremos sobre nuestra cabeza el riesgo de recibir desechos compuestos por plomo, arsénico y cianuro, altamente tóxicos.
Reunión en Buenos Aires
El próximo 25 de noviembre se realizará una reunión de la Comisión Trinacional del Pilcomayo. El tema central gira en torno a la calidad de agua del Pilcomayo.
Se pretende buscar un estándar común en el sistema de medición, lo que ahora no existe. En cuanto a los datos recolectados desde 1996 en adelante, toda la información se encuentra en sitios web del Pilcomayo.
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Los desechos se presentan sobre todo en los sedimentos, no en el agua; pero no se debe bajar la guardia en la vigilancia del Pilcomayo.
Una intolerable actitud del Mades
A mediados de agosto pasado, técnicos del Ministerio del Ambiente (Mades) realizaron toma de aguas en el poblado de Pozo Hondo, con el fin de determinar la presencia o no de metales pesados.
El monitoreo fue resultado de la confirmación de un accidente en la mina boliviana de Agua Dulce, en las montañas de Potosí.
El Ministerio del Ambiente, cuyo titular es Ariel Oviedo, resolvió ocultar el resultado del análisis laboratorial.
El monitoreo reveló la presencia de metales pesados, pero este resultado es no suficiente para crear un estado de alarma dado que se encuentran, también, en forma natural y no sólo como resultado de la actividad minera, como explicó el director de la comisión del Pilcomayo, Ing. Arturo Niedhammer.
El Ing. Niedhammer mencionó que “los metales pesados se encuentran en los sedimentos, no en el agua. Para que los análisis tengan mayor exactitud se debe determinar la forma de muestreo”.
Enfatizó que “para detectar metales en el agua, se deben filtrar los sedimentos y allí sabremos la condición real”.
Recordó que la prioridad de la comisión nacional es la preservación de la calidad del agua y mantener abierto la embocadura del canal paraguayo.
Sin minimizar el riesgo minero sobre el Pilcomayo, mencionó que “el grave problema que estamos viendo en este momento viene derivado de las cloacas bolivianas que depositan aguas servidas directamente en el Pilcomayo”.
Aclaró que “en cuanto a los monitoreos no hay nada que ocultar, son datos públicos”.