Para esta mañana estaba previsto el inicio del juicio oral y público para los exministros de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Francisco De Vargas y Luis Rojas, en la causa que afrontan por supuesta lesión de confianza, por la compra aparentemente irregular de equipos para escuchas telefónicas, inservibles y presuntamente sobrefacturados.
Sin embargo, el Tribunal de Sentencia presidido por Cándida Fleitas e integrado por Darío Báez y Sonia Villalba resolvió postergar el inicio del juzgamiento para el martes 25 de octubre, a las 7:30, debido a la superposición de juicios orales que tienen los jueces miembros del colegiado.
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Los exministros supuestamente ayudaron a crear la firma denominada Televox SRL para importar a precios sobrevalorados los equipos de espionaje. De Vargas fue primero ministro de la Senad, durante la presidencia de Federico Franco, y posteriormente nombrado durante el gobierno de Horacio Cartes como ministro del Interior. En ese momento lo reemplazó Rojas al frente de la Senad.
Exfuncionarios acusados junto a los exministros de la Senad
Además de los exministros de la Senad, el fiscal Luis Piñánez acusó por lesión de confianza en grado de complicidad a los exfuncionarios de la Senad Alberto Ferreira Martí, exencargado de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC); Jessica Paola Reyes, exasesora jurídica de la Dirección Administrativa, y Antonio Pereira, exdirector administrativo.
También están acusados Silvio Amarilla, agente especial y exdirector de Inteligencia; Hugo Danilo González, excoordinador de la UOC, y Adalberto Benítez, exdirector de Administración, así como los directivos de la firma proveedora de los equipos de espionaje Televox SRL, Nicasio Bóbeda y Alfredo Javier Bóbeda.
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Estos últimos fueron procesados y actualmente están acusados por producción de documentos no auténticos. Ambos fueron sobreseídos en la causa por contrabando, ya que se determinó que los equipos nunca ingresaron al país
Por su parte, la contadora de Televox Silvia Jara Acha está procesada por producción de documentos no auténticos.
Inconstitucionalidad podría trabar juicio para excoordinador de UOC
La defensa de Hugo Danilo González, excoordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), ejercida por el abogado Alcides Cáceres, presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la providencia que fijó fecha para la sustanciación del juicio oral y público.
El letrado argumentó que está pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad que planteó el acusado en contra de los fallos que elevaron a juicio oral la causa, por lo que dichas resoluciones no están firmes, según alegó.
Los jueces de sentencia rechazaron la reposición planteada, con el argumento de que la sola presentación de una acción de inconstitucionalidad no suspende los efectos de los fallos atacados de inconstitucional. Indicaron también que no existe una medida cautelar dictada por la Sala Constitucional que impida el inicio del juzgamiento.
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El recurso fue remitido a la Cámara de Apelaciones para que un tribunal estudie la apelación subsidiaria. En caso de que no haya una resolución para el martes 25, día en que debe iniciarse el juicio oral, la diligencia se suspenderá solo para el acusado que planteó la chicana, según aclaró el colegiado de sentencia.
Daño al Estado por casi G. 11.000 millones, según la fiscalía
La imputación del entonces fiscal Martín Cabrera refiere que el exministro de la Senad Francisco de Vargas en el 2012 compró para esa institución de la firma Televox SRL el equipo denominado “sistema de rastreo sensitivo móvil”, por el que “pagó G. 9.406.120.000, por un bien que de ninguna manera justificaba dicho desembolso”, refiere el escrito del Ministerio Público.
Luego de tres años, en el 2015, el entonces ministro de la Senad, Luis Alberto Rojas Ramírez, realizó una nueva compra, denominada “equipos tácticos de comunicación”, por los que pagó G. 1.250.000.000, nuevamente de la empresa Televox.
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La investigación de la Fiscalía sostiene que dichos equipos no se pudieron utilizar en la labor de la Senad y que De Vargas y Rojas, como administradores, tenían la obligación de cuidar del patrimonio de la institución a su cargo.
Rojas, además, fue quien direccionó las dos compras de equipos hacia la empresa Televox SRL, según el Ministerio Público.