Un total de 62 fiscales, todos del departamento Central, que cumplen funciones en diferentes distritos, fueron recusados en reiteradas ocasiones por los procesados en la causa donde la familia de descendencia española, de apellido Sopeña, fue despojada presuntamente de manera ilegal, de una grandiosa propiedad ubicada en el cuarto barrio de Luque.
El abogado defensor de las víctimas, Eduardo Bernal, aseguró que los imputados en la causa que investiga la fiscala de Luque, Sandra Ledesma, “se turnaban para recusar a jueces y fiscales”. Por esta razón, no se pudo realizar ninguna de las audiencias de imposición de medidas.
“En la causa de Mariano Sopeña (uno delos propietarios del inmueble) fueron recusados todos los fiscales del departamento Central.
Los abogados de los procesados fueron turnándose para ir recusando a cada fiscal que tenía acceso a la carpeta fiscal a fin de evitar que se realicen las diligencias y que pueda realizarse además, la pericia caligráfica del título de propiedad obtenido de manera fraudulenta”, afirmó Bernal.
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Negaron prórroga
Bernal, dijo que “la excesiva cantidad de chicanas presentadas por los defensores del Estudio Jurídico de Gilda Bordón”, una de las procesadas, “permitieron evitar que se realice la extracción de datos de los teléfonos incautados”.
“De esta manera evitaron que la investigación de la causa llegue a su fin presentando más de 60 incidentes y recursos de apelación.
Sobre todo, presentaron más de 50 recusaciones, así también, cabe resaltar qué el Ministerio Público solicitó la prórroga extraordinaria a la Cámara de Apelaciones del área Central, la cual llamativamente, fue denegada días antes de la fecha de acusación”, explicó el profesional.
Los jueces María Lourdes Cardozo, Guillermo Zillich y Lourdes Fernández Cattebeke, fueron quienes rechazaron el pedido de prórroga del Ministerio Público.
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Sobreseimiento provisional
El defensor de la familia Sopeña, agregó además que debido a las innumerables chicanas planteadas fue imposible seguir con la investigación, ya que vencieron algunos plazos. Dijo, que hasta ahora, desconocen por qué la Cámara de Apelaciones negó el pedido de prórroga solicitado por la Fiscalía, ya que los incidentes planteados con el fin de dilatar el proceso, “era evidente”.
“Por este motivo el Ministerio Público, solicitó el sobreseimiento provisional de la causa. Hasta la fecha se desconoce cuál fue el fundamento jurídico del Tribunal de Apelaciones para rechazar el pedido de prórroga, teniendo en cuenta qué es la misma Cámara de Apelaciones, que hasta la fecha, no había resuelto en su totalidad los más de 50 incidentes planteados por los distintos defensores”, afirmó Bernal.
Añadió también que “llama la atención al denunciante, atendiendo que la misma Cámara sabía perfectamente que existían incidentes pendientes y sobre todo, muchas recusaciones, por lo que correspondía a derecho que el Tribunal de Apelaciones, haga lugar al pedido de prórroga para culminar con la investigación y presentar la acusación correspondiente”.
Finalmente, Bernal, aseguró que no van a descansar “hasta lograr recuperar la propiedad y que caiga quien tenga que caer, y si es necesario que, un ministro de la Corte tenga que caer por juicio político, pues caerá por avalar y proteger a quienes están metidos en este tema”, sostuvo.
Antecedentes
Los imputados en el caso son Gilda Lucía Bordón Roux propietaria del estudio jurídico “BRS & Asociados”, Elvira Bordón Martínez (actuaria del Juzgado de Paz de la Catedral), Mouriel Vera Sanabria (actuaria del Juzgado de Paz de la Catedral), María Monserrat Cera Sanabria (actuaria y secretaria de Bordón Roux) Ema Nilza Turo Martínez (exfuncionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral), y el oficial de justicia Jorge Alberto Thompson Zarza.
Están procesados por los supuestos hechos punibles de asociación criminal, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
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Los mismos formarían parte de una red de falsificadores de documentos que luego son utilizados para llevar a cabo desalojos de inmuebles, supuestamente resueltos en juicios que ni siquiera existieron.
El objetivo principal de la maniobra sería que una vez obtenida las propiedades, posteriormente se proceda a su venta, a altos costos evaluados en dólares.
De acuerdo al acta de imputación, en el estudio jurídico de Gilda Bordón, se habría “establecido y creado una estructura dispuesta a realizar los hechos punibles, patrocinando financieramente al esquema organizado con la finalidad de despojar a Mariano Sopeña, representante legal de Formasa SA, de la propiedad”. El inmueble está a nombre de la firma mencionada.
El Ministerio público presume que Bordón habría contratado a los demás imputados para la comisión del hecho. Al respecto, en el allanamiento realizado meses atrás en el estudio jurídico BRS de Gilda Bordón, fueron incautados dos talonarios de cheques de Gilda Bodón Roux donde se puede notar que el cheque número 9528015 fue librado en fecha 18 de agosto de 2021.
Con el mismo se habría abonado el impuesto inmobiliario del inmueble en cuestión. También, los intervinientes encontraron en las oficinas del lugar allanado talonarios de cheques que rezaban “regalías juzgado de paz”, dependencia judicial de la ciudad de Asunción donde se habría inventado un juicio para despojar del inmueble a Mariano Sopeña.
El pasado 1 de diciembre, el oficial de justicia Jorge Thompson se presentó, custodiado por policías, en la propiedad de casi cinco hectáreas de la familia Sopeña ubicada sobre la calle Leonismo Luqueño del Cuarto Barrio de Luque, con un mandamiento de desalojo aparentemente falso mediante el cual despojó a los propietarios del inmueble.
Thompson aseguró entonces que una mujer de nombre Ema Nilza Turo Martínez era la nueva propietaria de la propiedad valuada en unos US$ 4.000.000.