Granja Vip: contradictoria decisión de juez en tres casos con mismas pruebas

En el caso conocido como “Granja Vip”, el juez en lo civil y comercial de Santa Rosa del Aguaray, Nelson Mercado Rotela, dispuso que los directores penales de San Pedro y Ciudad del Este, Wilfrido Quintana y Alberto Orella, respectivamente, vayan a juicio sin que se objeten las pruebas ofrecidas por la Fiscalía. Sin embargo, en el caso del juez de ejecución Néstor Arévalo, rechazó dos pruebas, pese a que las había aceptado con relación a los demás acusados .

El juez Néstor Ramón Arévalo Zorrilla (camisa clara), presidente con permiso del Deportivo Santaní, fue detenido en plena vía pública, momentos antes de que llegase a su despacho.Archivo, ABC Color
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En tres audiencias preliminares distintas, pero por la misma causa que es la de la “Granja Vip” irregular detectada detrás de la penitenciaría de San Pedro, el juez en lo civil y comercial de Santa Rosa del Aguaray, Nelson Mercado Rotela, dispuso que los tres acusados en la causa enfrenten juicio oral y público.

Los procesados son el ex director del penal de San Pedro Wilfrido Victoriano Quintana Parodi, el ex director del penal de Ciudad del Este, Alberto Ramón Orella Notario, y el juez penal de ejecución de San Pedro Néstor Ramón Arévalo Zorrilla, quien pese al proceso sigue ejerciendo el cargo.

El inicio del juicio para Quintana y Orella está fijado para el 31 de octubre de este año, a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Yolanda Portillo e integrado por Elsa García y Claudia Criscioni. Los fiscales del caso María Irene Álvarez y Giovanni Grisetti, solicitarán la acumulación a fin de que Arévalo también afronte juicio con los dos primeros.

En los tres casos, los fiscales ofrecieron pruebas periciales, documentales, testificales y otros medios de prueba, entre ellos un soporte magnético que contiene la extracción de datos de los teléfonos celulares dispuesta por autorización judicial a cargo del Lic. Carlos Orué Alcaraz” y “un soporte magnético que contiene la extracción de datos a cargo de la Lic. Cynthia Ibañez”.

El juez Rotela en su AI N° 140, relacionado al caso de Wilfrido Quintana, resolvió la elevación a juicio incluyendo las citadas pruebas ofrecidas, que en el apartado de otros medios de prueba estaban enumeradas en el 65 y 66. Lo mismo ocurrió en el caso de Alberto Orella, que en el AI N° 31, el juez elevó a juicio el mismo si observación o rechazo de las pruebas con números 34 y 35.

Contradictoria decisión del juez sería “guiño” de camaradería

Llamativamente, en la audiencia preliminar al juez de ejecución de San Pedro Néstor Arévalo, el juez Rotela en su AI N° 236 elevó a juicio el caso del administrador de justicia, pero haciendo lugar a le exclusión probatoria de los puntos 64 y 65, referentes a otros medios de prueba sobre los soportes magnéticos.

En cuanto al fundamento del rechazo, en la resolución judicial se señala “que analizadas dichas pruebas efectivamente se percata que el Ministerio Público al ofrecer dichas pruebas no ha individualizado tipos de memorias, capacidad de la misma, marca, caracterización numérica que pueda individualizar correctamente dicha memoria, por tanto corresponde excluir dichas pruebas por no reunir los requisitos para su individualización”.

Esto sería un “guiño” de camaradería entre jueces, ya que la memoria externa excluida contiene datos extraídos del teléfono de Ángel Tranquilino Giménez, asesinado en la cárcel de Ciudad del Este, en los que hay conversaciones con su abogado Héctor Montenegro sobre una supuesta coima al juez Néstor Rotela.

Fragmento de la resolución del AI N° 236, emanado por el juez Nelson Mercado Rotela.

“Colaboración” para el club del juez

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el 12 de junio de 2019, Ángel Tranquilino Giménez, le comentó a su abogado defensor Héctor Montenegro, que vino a visitarle el “Señor Juez” quien le solicitó un adelanto de dinero para el viernes (14 de setiembre de 2019), considerando que será “su Juez”.

Giménez había dicho que no había inconvenientes en colaborar, ya que tampoco quiere fallarle. En este sentido, le consultó al abogado si era viable o no entregarle la suma de US$ 3.000, que no estaba incluido en el acordado hecho con anterioridad.

Luego, el 13 de junio de 2019, en otra conversación, Tranquilino Giménez, le manifestó a Montenegro, que entregaría la suma acordada, mencionando además el día anterior le había entregado al Juez de Ejecución Néstor Arévalo Zorrilla, la suma de US$ 1.000 en carácter de colaboración para su club (Deportivo Santaní).

Así también, para ese día tenía prevista la entrega de la suma de US$ 2.000, como adelanto del acuerdo al que arribaron una vez que su expediente tramitado ante el Juzgado de Ejecución de la circunscripción de Capital sea remitido a la circunscripción de San Pedro, donde Arévalo le concedería su salida a la “Granja”.

“Con ello, el Juez Penal de Ejecución Néstor Ramón Arevalo Zorrilla buscó arrogarse un beneficio indebido adicional no autorizado por la ley a cambio justamente del ejercicio de sus funciones, a sabiendas de que el pedido formulado facilitaría la libre movilidad del condenado a 21 años de pena privativa de libertad”, señala parte de la acusación consignada en el AI N° 236.

Traslado a la “granja vip” de San Pedro

Tranquilino Giménez había conseguido su traslado a la “Granja Vip” a través del director de la penitenciaría de Ciudad del Este, Alberto Orella. Luego de que se descubra la granja irregular, este volvió al penal esteño donde fue asesinado en agosto de 2019.

Giménez logró su traslado a San Pedro mediante que pudo conversar con Alberto Orella y, este último le haya indicado cómo hacer para lograr la resolución a su favor. La razón que expuso fue por seguridad personal y miedo por su integridad física.

Un día después Orella pidió al entonces director de Establecimientos Penitenciarios, Blas Martínez, el traslado de Giménez. El acto se sustancia inmediatamente.

Otro interno que fue a parar a la “Granja Vip” de San Pedro fue el narco Víctor Aranda Brítez, alias Chapaló, quien si bien ya estaban en la “Granja El Porvenir” de ese departamento, fue beneficiado por el juez de ejecución Néstor Arévalo para ir al espacio irregular a seguir “cumpliendo” con su pena de 26 años.

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