En la zafra del año 2005- 2006 nació la Coordinadora de Productores de Sésamo (Cooprose). Llegó a aglutinar a 12.000 pequeños productores de los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay y Canindeyyú, con el sueño de convertirse en modelo de organización campesina para la producción, exportación e industrialización de sésamo y otros rubros agrícolas.
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En poco tiempo, en un inmueble de 11 hectáreas en el distrito de Guayaybí, departamento de San Pedro, se construyó la planta para recepción y procesamiento del sésamo y en Santa Rosa del Aguaray la planta industrial. Inicialmente con aporte de los asociados, la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y luego la Itaipú Binacional desembolsaron en dos oportunidades 950.000 dólares, sumandp casi 2 millones de dólares. Quedó pendiente un último desembolso que se tendría que realizar para capitalización operativa.
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Se llegó a exportar sésamo, incluso a producir turrón, aceite y café de sésamo, pero el sueño que se construía terminó en una verdadera pesadilla y actualmente es un laberinto judicial, económico y político. La crisis se agudizó en la organización y en asamblea decidieron denunciar a un grupo de socios fundadores y directivos, encabezado por Aureliano Aguilera.
En el local de la planta procesadora de Guayaybí funciona la Cooperativa Agronorte con la que un grupo de campesinos buscan redireccionar rumbo. Por otro lado, la planta industrial de Santa Rosa del Aguaray se convirtió en una verdadera caja de pandora.
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Remate, indemnización y desalojo
Cooprose, en su momento, accedió a un préstamo de G. 700 millones en el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), la planta industrial fue construida un terreno otorgado por tres años - con opción a compra - por la familia Aguilera, encabezada por Aureliano Aguilera, socio fundador y expresidente. Incluso, el inmueble de 11 hectáreas quedó como garantía hipotecaria para acceder al empréstito.
Tras la debacle de la organización, la deuda no se honró, Aureliano Aguilera y su familia comenzaron a negociar el pago para liberar el inmueble. Tras larga negociaciones, según Aureliano Aguilera, a acordaron un pago de G .1.200 millones (G. 700 millones de capital y parte del interés). “Pero, nos informaron después que el terreno de 11 hectáreas, situada en la vera de la ruta Py 08, fue rematada”, dijo Aguilera.
El inmueble de 11 hectáreas fue evaluado en unos G. 6.500 millones en la zona, pero el remate fue por G. 700 millones, según Aguilera. “Remataron por G. 700 millones, la empresa Agroganadera Santa Ana pago el 10% de eso y ya pide transferencia del título”, dijo Aguilera.
La familia Aguilera inició una batalla judicial contra CAH, pidió la nulidad del remate y comenzó una demanda contra la institución crediticia estatal y solicitó una indemnización.
En lo que fue la planta industrial, en el año 2016 ingresó al FTC, utilizó como base de operación. “El título sigue a nombre de mi familia; sin autorización ingresaron. Conectan en forma clandestina energía eléctrica, incluso”, denunció Aureliano.
Actualmente el Grupo de Operaciones Especiales (GEO) de la Policía Nacional utiliza como base, pero ya existe una orden de desalojo que se debe ejecutar, comentó Aguilera.
“Ya tenemos la orden firmada por un juez, falta efectivizar el desalojo de la Policía del lugar y queremos pagar la deuda para recuperar nuestro terreno”, expresó Aureliano.