Hace años, la humilde familia de Juan Báez solicitó la adjudicación de lo que consideraba un excedente fiscal que pertenecía al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, en Mbatovi, Paraguarí. Hoy, la asesora jurídica del Indert, Liz Perla Torres, confirmó que dicho predio está a nombre de la institución.
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“Es técnicamente una fracción fiscal, ya está inscripta a nombre del Indert con matrícula J017102, padrón 6.353″, detalló. De esa manera, descartó que el predio que ocupa la familia Báez pertenezca a Marta González.
“Es una fracción fiscal, que tiene salida a la ruta, y la propiedad del señor Juan y la parte demolida están dentro de esa fracción inscripta en el Indert”, recalcó.
Cabe recordar que la semana pasada se demolió una edificación construida por esta familia dentro de dicho terreno, que está en disputa desde hace más de una década.
El mandamiento de restitución de la posesión del inmueble (desahucio) lleva la firma digital de la jueza Sady Carolina Barreto Torres y tiene como benefactora a la ex viceministra cartista de Tributación Marta González, con quien la familia Báez venía litigando por dicha finca desde hacía más de una década.
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En 15 días adjudicarían el predio fiscal de la casa destruida por Marta González
Indicó que, revisando el expediente, encontró que ya había varias solicitudes realizadas sobre esta fracción y una de ellas es la del señor Juan Báez, cuyo expediente seguirá siendo estudiado.
“A partir de ahora se tiene que hacer un análisis, estamos llevando los datos técnicos, la ubicación... Uno de los requisitos es la posesión y calificar como beneficiario de la reforma agraria”, detalló.
En ese sentido, indicó que en entre 7 y 15 días se tendría la adjudicación del inmueble, probablemente al señor Báez, y luego comenzaría el proceso de titulación. “El señor es el que está ocupando la casa. La casa demolida se encuentra, según estudios preliminares de la técnica, dentro de la fracción del Indert, no dentro de la finca de Marta González”, aclaró.
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“Un error que costó caro”
En cuanto a la demolición, indicó que la Justicia debía haber ubicado dónde se encuentra la edificación antes de proceder a destruirla. “Mencionan la finca 5.248 (de González)... eso es otro lado, se cometió un error. Un error que costó caro”, evaluó.
Don Báez contó que levantar la pieza destruida le costó aproximadamente G. 10.000.000 y hoy está hecha escombros.
En ese sentido, el afectado resaltó además que desde hace años la ex funcionaria cartista y su marido le impiden plantar dentro de la fracción fiscal que ocupa hace décadas. Lamentó que, además de la pérdida económica ocasionada con la demolición, tampoco les permitan generar ingresos para sustentarse.
“Un día nomás echaron (las plantaciones) y quemaron todo. Ahora pusieron eucaliptal”, criticó.
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