María Eugenia Acosta Vallejo, bajo patrocinio del abogado Guillermo Duarte, planteó acusación por mal desempeño de funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra la agente fiscal Penal N° 1 de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Seguridad y Convivencia de las Personas Abog. Fátima Noemí Capurro Segovia,.
La acusación presentada el 20 de setiembre de 2022 indicaba que la fiscala Capurrro en la carpeta caratulada “María Antonella Galli Acosta s/ producción de documentos no auténticos”, identificada como N° 1-1-2-1-2021-7471, solicitó en menos de 24 horas de recibir la causa, la abreviación de plazo y el sobreseimiento definitivo de la procesada.
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Vínculos con el poder
La imputada María Antonella Galli Acosta es esposa del abogado Ricardo Daniel Sasiain Sosa, quien es miembro suplente del Consejo de la Magistratura, por la representación de las universidades privadas (Universidad Americana). A su vez, según las fuentes, Sasiain Sosa es abogado del estudio jurídico del senador liberal y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Fernando Silva Facetti.
Hechos denunciados en el JEM
El escrito de acusación refiere que a pesar de que supuestamente la agente fiscal Fátima Capurro no contaba con la carpeta de investigación fiscal, por tanto no podía conocer a profundidad la causa y sus pormenores,
Agrega que existía una prórroga extraordinaria otorgada por el Tribunal de Apelaciones, Cuarta Sala, mediante el AI N° 278 del 18 de agosto de 2022, a fin de que se lleven adelante las diligencias pertinentes, diligencias que fueron puestas a conocimiento de la agente fiscal mediante los escritos presentados por quienes ahora presentan la acusación ante el Jurado, en las fechas 9 y 12 de setiembre de 2022,.
Sin embargo, pese a ello, la fiscala Capurro en menos de 24 horas, el 13 de setiembre de 2022, solicitó la abreviación de plazo y requirió al juzgado el sobreseimiento definitivo de la imputada María Antonella Galli de Sasiain por supuesta “duda”.
El escrito presentado ante el JEM, asimismo, señala que la fiscala Fátima Capurro mintió en su requerimiento de sobreseimiento definitivo para favorecer a María Antonella Galli de Sasiain, al afirmar que no contaban con documentos para llevar adelante la pericia caligráfica, porque estaba disponible un libro de registro de firmas de un acta de constitución.
De igual manera, se le acusa a la fiscala Capurro de no tomar las declaraciones testificales propuestas por la querella adhesiva que reconfirmarían que María Antonella Galli de Sasiain realizó toda la gestión de importación y procedimiento de despacho de inicio a fin.
La acusación particular señala que la conducta desplegada por la fiscala Capurro, en cuanto solicitó la abreviación de plazo y requerimiento conclusivo de sobreseimiento definitivo es arbitraria e ilegal, basados en mentiras, con la clara intención de beneficiar a la imputada María Antonella Galli de Sasiain, a quien pese a que existen elementos materiales que dan certeza del hecho punible denunciado e imputado, solicitó su desvinculación del proceso.
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Revocan abreviación de plazo
La audiencia preliminar para que la Fiscalía presente su requerimiento conclusivo estaba marcada para el 25 de noviembre de 2022, pero como la fiscala Capurro al tomar la causa solicitó la abreviación de plazo, el juzgado a cargo del juez penal de garantías Miguel Ángel Palacios Méndez realizó la audiencia preliminar el jueves 22 de setiembre, y revocó la abreviación que había concedido.
En la audiencia preliminar fijada con la abreviación de plazo para presentar requerimiento conclusivo del 22 de setiembre, el fiscal Ángel Ramírez Fleitas -quien interina ante la recusación de la querella adhesiva contra la fiscala Capurro-, solicitó el sobreseimiento provisional que será sustanciado el próximo 25 de noviembre, fecha que ya había sido fijada por la Cámara de Apelaciones al conceder la prórroga extraordinaria.
El fiscal Ramírez alegó para justificar el sobreseimiento provisional que deben realizarse aún varias diligencias investigativas como la pericia caligráfica para determinar a qué persona corresponde la firma estampada en el libro de registro de firmas de importadores casuales de Aduanas del año 2020, y varias testificales.
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Antecedentes del supuesto falseamiento de firma
La causa penal es consecuencia de la comisión de un supuesto hecho punible contra la prueba documental, del cual resultó víctima María Eugenia Acosta Vallejo, perpetrado en el marco de una operación de importación ocasional de mercaderías realizada ante la Dirección Nacional de Aduanas donde se ha producido y utilizado la grafía no auténtica de la denunciante, sin que la misma haya tenido conocimiento de dicha operación según los datos.
La investigación también descartó que Acosta Vallejo haya concurrido a Aduanas a los efectos de firmar el libro de registro de firmas de importadores ocasionales, entre otros documentos.
La fiscala Claudia Aguilera, tras las investigaciones pertinentes, realizó imputación contra María Antonella Galli de Sasiain por producción de documentos no auténticos, el 25 de febrero de 2022.