Varios hechos cuando menos llamativos han sido divulgados gracias a los documentos y testigos presentados hasta ahora en el primero de los juicios entablados por la exviceministra cartista de Tributación Marta González contra la directora y un periodista de ABC Color, Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano.
Documentos y testigos confirmaron publicaciones de nuestro diario con respecto al proceso de compra para la actualización del sistema de gestión tributaria Marangatu, las mismas por las que la exfuncionaria querelló a los compañeros.
El 27 de marzo de 2019, luego de recibir documentos que hasta ese momento no habían sido revelados sobre el proceso de licitación para la actualización del sistema de gestión tributaria conocido como Marangatu, ABC Color realizó una serie de publicaciones acerca de cuestiones relacionadas al interés público
Cuando Marta González Ayala era viceministra de Tributación, se adjudicó un contrato –para actualización del sistema tributario– por más de US$ 3 millones al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), un organismo del que era directiva. No hubo competencia, sino contratación por vía directa y se argumentó que eran los únicos con la experiencia requerida, pero tercerizaron el contrato.
Alegando urgencia impostergable, en el año 2016 la SET contrató en forma directa y por vía de la excepción al CIAT, una organización con base en Panamá, para actualizar el sistema de gestión tributaria Marangatu.
Sin embargo, el CIAT terminó subcontratando a Ideati por no tener, según reconoció el propio secretario ejecutivo del organismo, el personal para realizar el trabajo informático.
Precisamente, empresas paraguayas de software habían solicitado en 2016 que la SET realizara la licitación en lotes: uno tecnológico y otro tributario. Sin embargo, el alegato para el rechazo fue que el CIAT era el único con la capacidad de ese doble componente para los trabajos necesarios.
Todo fue corroborado
Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), afirmó durante su comparecencia que la vía de la excepción se utilizó de forma indebida en el proceso de compra de la actualización del Sistema Marangatu.
Seitz señaló que todo lo publicado por ABC Color fue corroborado por la institución a su cargo.
“La nota periodística se refiere única y exclusivamente a elementos de hecho que pudieron ser todos constatados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”, continuó.
“Cuando la nota habla de falta de competencia, efectivamente no existió otro competidor en el proceso licitatorio. Cuando la nota habla de contratación directa por vía de la excepción, así se denominó dentro de la institución licitante, por más de que el nombre adecuado es contratación por vía de la excepción”, puntualizó.
“Cuando se habla de que el CIAT participó de la elaboración de elementos del pliego de bases y condiciones; sí, el CIAT elevó recomendaciones para la reforma del sistema Marangatu que fueron también consideradas para la elaboración del pliego, no en un nivel de relevancia tal para la aplicación del artículo 40, según entendió la DNCP”, agregó.
“No existe ningún hecho que no haya podido ser constatado”, sentenció.
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Excepción mal usada
Pablo Seitz, titular de la DNCP, también manifestó que la SET utilizó de forma indebida la vía de la excepción para realizar la adjudicación al CIAT.
“Desde mi punto de vista podía haber sido utilizada la contratación por la vía de la licitación pública nacional o internacional. Este es un proceso de contratación estratégico”, refirió.
“Es difícil poder aceptar un proceso de contratación por vía de la excepción, en la misma línea que lo referido por la Contraloría”, acotó.
“Las consultas respecto a este procedimiento se iniciaron en el año 2013 y el procedimiento fue convocado recién en el año 2016 pero con cinco días de publicación”, agregó.
Señaló que jurídicamente se podría hablar de que las características del procedimiento son aceptables, pero “claramente la Contraloría definió que la utilización de la vía de la excepción por las cuestiones señaladas no puede ser aceptada.
“Ya estamos hablando de hechos consumados, ya estamos hablando de que el dictamen de la Contraloría fue emitido en 2020″, puntualizó el titular de la DNCP.
“Esta contratación dejó de lado los principios de economía y eficiencia para buscar la mejor opción del Estado, que no es solamente la del precio”, apuntó Seitz.
Ignoraron a DNCP...
El 16 de octubre de 2013, poco después de haber asumido como titular de la SET, Marta González remitió al entonces ministro de Hacienda, Germán Rojas, una nota para pedir autorización para “llevar adelante el proceso licitatorio por vía de la Excepción”.
En concreto, González hacía referencia al proceso de implementación de mejoras en el Sistema Tributario Marangatu y adelantaba que el costo sería de unos US$ 1.400.000 para un llamado plurianual.
Pablo Seitz Ortiz, titular de Contrataciones Públicas, advirtió entonces que no era la vía correcta.
“La convocante alega la experiencia y el conocimiento del proveedor requerido, sin embargo, dicha indicación no acredita el proceso vía excepción”, manifestó en un dictamen enviado por escrito al entonces ministro de Hacienda, Germán Rojas.
La nota fue ignorada y Tributación siguió la vía de la excepción para contratar al CIAT en diciembre de 2013 y nuevamente en 2016.
...también a Abogacía del Tesoro
La SET, con Marta González al frente, también decidió ignorar abiertamente a la Abogacía del Tesoro con respecto a la contratación por la vía de la excepción del CIAT.
“En el caso de marras, resulta que las razones argüidas por la Subsecretaría de Estado de Tributación no han tenido dentro de estos autos una debida justificación”, señala el documento.
“La primera de ella (”razones técnicas”) por no haberse acreditado fehacientemente que no exista en el mercado otro oferente que pueda satisfacer adecuadamente los requerimientos de la contratación, así como la aclaración de cuál sería la eventualidad (daño, necesidad) en caso que el presente procedimiento no sea realizado por el contratista deseado”, continúa advirtiendo.
Reconoció subcontrato
Marcio Ferreira Verdi, secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), reconoció que el organismo subcontrató a Ideati SA, una empresa panameña para realizar los trabajos de actualización del Sistema Marangatu.
Ferreira Verdi dijo que el organismo internacional al que representa “no participa de licitaciones” y que “en el 98% de los casos” en los que firma contratos con los Estados que forman parte del CIAT son “contratos directos”.
Ferreira Verdi llegó a decir que en el caso Marangatu “fue una contratación directa, no hubo apertura de sobres”. Aunque luego dijo que no se acordaba de dicho acto administrativo.