El magistrado Guillermo Ortega resolvió hacer lugar al amparo constitucional y a través de sentencia Definitiva Nº 2, firmada en la fecha. Emplazó por 72 horas al intendente Gustavo Penayo Arce para que presente informe en los términos requeridos en el presente juicio. En caso de incumplimiento, los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía de turno.
El amparo judicial fue promovido por los concejales municipales colorados Rubén Darío Pedrozo y Cayo Barboza y los ediles liberales, Delia Mabel Schupp, Luis Carlos Agüero y Lucas Milán Giménez.
Los concejales también mencionan que han solicitado rendición de cuentas 2021 y el primer cuatrimestre del año 2022, listado actualizado de los funcionarios municipales con datos de salario, funciones que cumplen, descripción de programas en ejecución, convenios y contratos celebrados, procesos de adjudicación, monto total de las contrataciones, plazos, oferentes, desembolsos realizados, memoria de gestiones, entre otras cosas.
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Los denunciantes señalan que promovieron el juicio atendiendo a que el intendente Penayo Arce les niega el derecho de libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental que establece la ley N°5282/2014. En ese sentido, señalan que desde inicios de su gestión en el 2021, el ejecutivo comunal se negó sistemáticamente a rendir cuentas a la Junta Municipal.
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Asimismo, en su escrito los concejales señalan que el intendente, con alevosa demostración de autoritarismo, ignorancia e irresponsabilidad, ha manifestado públicamente, en varias ocasiones, que “solamente rendirá cuentas al pueblo y no a los concejales”, dejando en evidencia la reticencia de informar como corresponde.
Mencionaron también que en la Contraloría General de la República (CGR) tampoco rindió en tiempo y forma, por lo que la falta de rendición de cuentas aparece en “rojo”, así como tampoco se presentó documentación alguna a la Unidad de Departamentos y Municipios del Ministerio de Hacienda.
Intendente responde a intimación de juez
En su descargo sobre esta situación, el titular del ejecutivo comunal aclaró al juez que los denunciantes se muestran como disidentes a su gobierno municipal y han materializado una serie de irregularidades avasallando la institución, conformando una mesa directiva irregular.
Asimismo, en su descargo el intendente asegura que él rindió cuenta ante otras instituciones de la CGR y desmintió todo el contenido de la denuncia presentada por los ediles.
Vaciamiento de cuenta de royalties
Los concejales dicen que en la Municipalidad, el intendente incurrió en el vaciamiento de la cuenta de royalties de la Municipalidad local. La anterior administración había dejado un saldo de G. 1.250 millones. El titular del ejecutivo comunal, Penayo Arce, pagó varios cheques entre noviembre y diciembre de 2021, dejando así un irrisorio saldo de G. 6 millones en dicha cuenta a cargo del Banco Nacional de Fomento (BNF).