Basilio “Bachi” Núñez, diputado y candidato a senador por el movimiento Honor Colorado, en un intento por justificar la excesiva morosidad a un préstamo de G. 1.020 millones obtenido en la intervenida cooperativa San Cristóbal se autodeclaró “sogue”. Dijo ser una “víctima de la pandemia” porque supuestamente tuvo una baja en sus ingresos.
Sin embargo, el mismo legislador se encargó de echar por tierra estos dichos al detallar que había accedido al millonario crédito en el año 2017 y lo que hizo en 2020 fue una refinanciación porque no había abonado nada. Es decir, tres años antes de la confirmación del primer caso de covid en nuestro país recibió el dinero.
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El informe del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) reveló que la refinanciación para el diputado fue rechazada por los estamentos de la entidad cooperativa. Sin embargo, la operación había sido aprobada por el Consejo de Administración, presidido por su entonces colega y correligionario, Juan Carlos Ozorio, imputado por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal.
Ozorio, incluso, tenía archivado en su oficina comprobantes originales de Bachi por pagos de otros préstamos.
Millones con el Estado
Otro discurso de Bachi es que no tenía licitaciones con el Estado por eso era “sogue”. Sin embargo, -según el portal web de Contrataciones Públicas- detalla que su actual pareja, Lorena Cabrera, y el gerente de su astillero, Gonzalo Eduardo Enjuto, consiguieron en los últimos seis años contratos por más de G. 6.650 millones, US$ 1 millón, con entes públicos.
Cabrera Zaracho tiene acuerdos por alquiler de inmuebles con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio de la Defensa Pública (MDP) y Ministerio de Agricultura y Ganadería, en Villa Hayes. Lo revelador es que las propiedades que arrienda la exsecretaria de la Opaci son las mismas que el legislador declaró como suyas ante la Contraloría General, de acuerdo a los documentos publicados por el ente de control. Es decir, Bachi también sería parte del negocio de alquileres.
No aparece
Efectivamente, Bachi no aparece firmando los contratos con el Estado. Es Cabrera Zaracho la que rubrica los acuerdos en forma unipersonal.
Para ejemplo está el contrato firmado con la CSJ por el alquiler del inmueble identificado con cuenta corriente catastral 30-0065-05. El precio en el año 2016 por el arrendamiento era de G. 15 millones mensuales. Llegando a finales del año pasado a G. 16.278.150 en forma mensual, según la documentación obrante en la web de Contrataciones.
La otra propiedad donde Bachi es co-dueño está identificada con la cuenta 30-0065-11, arrendada desde 2018 por G. 5.500.000 mensuales al Ministerio de la Defensa Pública.