El jurista Álvaro Arias, quien lleva la representación legal del colegio lambareño que en mayo estuvo en el ojo de la tormenta por conocerse casos de abuso sexual infantil, sostuvo en conferencia de prensa que el 85% de las notas que enviaron a familias anunciándoles la desmatriculación de sus hijos del centro educativo, tenía como motivo la falta de pago de los padres, que adeudaban en algunos casos tres meses de sus cuotas.
El abogado aseguró que este es el único motivo por el que se decidió desmatricularlos, y afirmó que si estos padres se ponen al día con sus pagos, se les permitirá matricularse “sin problema el próximo año en el colegio”.
“Hostiles” hacia autoridades del colegio
Sostuvo que de toda la lista de padres a quienes se les enviaron estas notas informando la desmatriculación, solamente cinco son las familias que efectivamente serán excluidas el año que viene debido a que “mostraron actos hostiles en contra de autoridades del colegio”.
El jurista enfatizó que la situación no tiene que ver con que el colegio deje de matricular a alumnos por el hecho de que sus padres se manifestaron. “Nosotros no impediremos esa situación”, insistió.
“Pregunten también a los 700 padres”
Por su parte, la exfiscala Josefina Aghemo, quien también es madre de estudiantes de esa institución y, por ende, miembro de la comunidad educativa, solicitó a los medios de prensa que consulten también a los “700 padres”, que tienen a sus hijos estudiando en la institución. “Si quieren información veraz, pregunten, no pregunten a cinco padres que hoy no forman parte de la institución, sino a los 700 que hoy apostamos por el colegio”, manifestó Aghemo.
La exfiscala no desconoció que muchos padres en la actualidad tienen que hacer “algún tipo de estudio sicológico para mantener a nuestros hijos en este colegio, pero preguntemos y luego corroboren si lo que decimos es cierto o no”, dijo.
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Hablan de “campaña mediática”
Por otro lado, criticó la “campaña mediática que se hizo”, y sostuvo que ellos como padres también están preocupados por la comunidad educativa. “Solicitamos al cuerpo docente que nos informe objetivamente qué ocurrió”, aseveró.
En cuanto a las cinco familias a quienes no se les renovó la matrícula, opinó que fue a raíz de que estos padres cometieron hechos que “conllevaron faltas graves”. “Como en cualquier institución educativa que presta servicios, hay ciertas reglas de conductas que se deben cumplir”, sostuvo Aghemo.