Denuncia por título falso duerme en la Fiscalía

Hace ya tres años y medio que la entonces titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Ana María Alén, presentó una nueva denuncia por la compra de tierras fantasmas que la institución debía entregar a comunidades de pueblos originarios. Un informe de Catastro confirmó que las tierras reclamadas por indígenas en Itakyry existían solo en papeles.

El origen del conflicto de tierras en Itakyry se remonta a la década del '90, cuando entregaron en papeles una propiedad que no existía al Indi.
audima

En febrero de 2019, la entonces titular del Indi, Ana María Allen, presentó una denuncia ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) por la supuesta compra irregular de tierras que debían ser entregadas a comunidades indígenas.

Se trata de la misma propiedad ubicada en Itakyry, departamento de Alto Paraná y que es reclamada por la comunidad Ka’a Poty, en un caso que derivó en un ataque a productores asentados en la colonia Tape Yke.

Solo en papeles

De acuerdo a lo que publicó el propio Indi en su página web y a través de redes sociales, las tierras fueron vendidas pero solo en papeles a la institución bajo la administración del condenado Valentín Gamarra.

En ese entonces, Allen relató que el inmuebles en cuestión aparecía en la web del Servicio Nacional de Catastro como finca 1628, padrón 1933.

“Esas tierras no existen, les entregaron papeles. Lastimosamente vamos a tener que buscar otras tierras a nombre del Indi para reubicarles”, afirmó entonces Allen.

Lideresa acompañó

Allen estuvo acompañada en ese entonces por Marta Díaz, lideresa de la comunidad Ka’a Poty, para la presentación de la denuncia.

A pesar de que Díaz estaba al tanto del posible negociado y de que las tierras existen solo en papeles, actualmente es una de las que insiste en la apropiación de las tierras de los colonos de Tape Yke, alegando que esa es la propiedad que les corresponde.

Millonario negociado

El plano de la propiedad vendida al Indi en 1996 también señala al Acaray como límite, pero en la zona norte. De acuerdo a la denuncia presentada en 2019 ante la Fiscalía, las tierras existen solo en papeles.

Una primera denuncia sobre el origen espurio del título había sido presentada ya en 1998 por el entonces titular del Indi, Julio Colmán.

Más de dos décadas después, ese título denunciado como falso es centro de un conflicto que escaló a hechos de violencia.

La comunidad Ka’a Poty, del pueblo Ava Guaraní, dice ser propietaria de dos fincas que actualmente conforman la denominada colonia Tape Yke.

Tape Yke está conformada por las fincas N° 12 y 13 de Itakyry. Las mismas fueron sometidas a una mensura judicial que reveló que ambas alcanzan una superficie total de 433 hectáreas.

Las dos fincas fueron adquiridas por el entonces Instituto de Bienes Rural (IBR - hoy Indert) en 1994 de un hombre llamado Batista Lozzio. Posteriormente, las tierras se dividieron en 37 loteamientos, 35 de las cuales ya tienen títulos finiquitados.

La colonia Tape Yke tiene como límite natural al sur al río Acaray.

El título de propiedad entregado por el Indi a la comunidad Ka’a Poty se originó supuestamente tras el fraccionamiento de la Finca 21.720 de Hernandarias, de la cual se desprendería después la Finca 1.628 de Itakyry.

La propiedad original tenía una superficie de más de 2.000 hectáreas. De ese total, 635 hectáreas fueron vendidas a La Industrial Paraguaya SA (LIPSA) –nombre que se repite en varios conflictos de tierras en zonas de Canindeyú y Alto Paraná– que siguen figurando como parte del distrito de Hernandarias.

La superficie restante, unas 1.364 hectáreas, pasó a formar parte de Itakyry y quedaron en manos de Atilio y Juan Piraino. Esa propiedad luego fue vendida a Lorenzo Mario Pastor D’Ecclesiis.

D’Ecclesiis es quien aparece como vendedor de la propiedad al Indi, en una compra realizada en 1996 por unos G. 818 millones, según los documentos.

Según los documentos de la venta de las tierras al Indi, la propiedad entregada por D’Ecclesiis tenía como límite al norte al río Acaray.

Supuestamente, son propiedades vecinas, por decir de alguna forma, pero separadas por el Acaray.

A pesar de las denuncias y del informe de Catastro, el caso quedó dormido en la Fiscalía.

Lo
más leído
del día