Por unanimidad, el Tribunal de Apelación Penal 1ª Sala de Central integrado por los camaristas María Teresa González de Daniel, Óscar Rodríguez Kennedy y Guillermo Zillich Silva resolvió confirmar el fallo dictado en diciembre de 2021 por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Yolanda Portillo (presidente), Yolanda Morel y Elsa García, que condenó a 8 años de cárcel al exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas Ramírez, por lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción.
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Con la decisión del tribunal de alzada se confirma, en todos sus puntos, la Sentencia Definitiva N° 539 del 23 de diciembre de 2021. Es decir, también se ratifica la pena dictada en contra del exdirector de Administración y Finanzas de la comuna lambareña Guido Fernando Salcedo Díaz, a 6 años de prisión; del encargado de la Dirección de Obras del municipio, Carlos María Mendieta Candia, a 3 años de pena privativa de libertad; y al titular de la empresa ADC Construcciones Alejandrino Duarte Centurión, a 3 años de cárcel.
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Todos fueron condenados como autores del hecho punible de lesión de confianza y, en el caso de los dos últimos, también como cómplices del delito de actividades peligrosas en la construcción.
Daño patrimonial al municipio de Lambaré por casi G. 860 millones
Los fiscales Luis Said, Carina Sánchez y Teresita Torres, probaron en el juicio oral que Cárdenas y los demás condenados ocasionaron al municipio lambareño un daño patrimonial de G. 859.155.192, mediante la construcción de obras, remodelación y ampliación, realizadas con dinero del Fonacide en 15 instituciones educativas de la ciudad, entre noviembre de 2012 y diciembre de 2013.
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La Municipalidad de Lambaré recibió los fondos del Fonacide para mejoras edilicias de instituciones educativas y el entonces intendente realizó transferencias a 14 colegios y a la Supervisión de Apoyo y Control Administrativo de la ciudad.
Según la conclusión del Tribunal de Sentencia, estas instituciones educativas y las empresas constructoras fueron seleccionadas de manera discrecional para ser beneficiadas con estos fondos, por el entonces intendente Roberto Cárdenas y su director administrativo Guido Fernando Salcedo.
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También quedó probado que los directores de los colegios debían aceptar la condiciones establecidas por Cárdenas y Salcedo para ser beneficiarios con las obras, tenían que firmar un acuerdo con el municipio y se comprometían a verificar la construcción, algo que no está dentro de las atribuciones de las autoridades de las instituciones educativas, y tampoco tienen la capacidad para hacerlo.