Con ola de chicanas, la exjefa de Control Interno de la Gobernación del departamento Central, Karina Elizabeth Mazacotte Widmer, intentó frenar el proceso penal en su contra, en el caso más conocido como “facturas clonadas” que involucra a la administración del exgobernador de Central, el colorado Hugo Javier González Alegre (cartista), también imputado y con arresto domiciliario por la supuesta comisión de los hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Mazacotte Widmer primero solicitó la nulidad de la imputación emanada en febrero de este año por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera, Luis Said y Diego Arzamendia de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), quienes solicitaron su arresto como medida cautelar.
Luego, recusó a los miembros del Tribunal de Apelación especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado integrado por los jueces Andrea Vera Aldana, Bibiana Benítez Faria y Arnulfo Arias. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel de Jesús Ramírez Candia, tardaron casi tres meses para resolver esta chicana interpuesta por la imputada Karina Elizabeth. Finalmente, rechazaron el recurso de recusación y los magistrados fueron confirmados.
Vera Aldana, Benítez Faria y Arias, rechazaron a su vez el pedido de nulidad de la imputación del Ministerio Público y la jueza María Elena Cañete fijó fecha de audiencia de imposición de medidas para el próximo 29 de agosto en el Juzgado de San Lorenzo.
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Hipótesis de la Fiscalía
Según el acta de imputación, Karina Elizabeth Mazacotte Widmer, entre los meses de agosto del 2020 y mayo del 2021, le habría encargado a la también exfuncionaria de la Gobernación, Modesta Valiente Escobar (imputada en la causa), pagarle a los funcionarios de la institución departamental denominados “por transferencia”, pero, las facturas debían ser emitidas a nombre de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), así como de otras oenegés con las que operaba la Gobernación durante la administración de Hugo Javier González Alegre.
El exgobernador de Central, desde el 2019, transfirió sin control alguno, millonarias sumas de dinero a varias organizaciones no gubernamentales en diferentes conceptos. La institución departamental tercerizó todos sus servicios a través de las ONG.
Las facturas confeccionadas a nombre de CIAP y hechas por varios contratistas involucrados en el esquema de “factura clonadas”, fueron utilizadas en la rendición de cuentas de la ejecución de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones), del fondo covid-19, que la Gobernación recibió del Ejecutivo recibió en diciembre de 2020. El dinero era para generar fuentes de trabajo en Central con el objetivo de reactivar la economía durante la pandemia.
González Alegre, transfirió el millón de dólares a dos organizaciones no gubernamentales como el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) presidido por Tadeo Álvarez, imputado, quien recibió la suma de G. 5.105 millones, así como también al Consejo Regional de Salud, presidido por el doctor Hugo Cabrera, quien recibió G. 1.276 millones. En la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas, empresas fantasmas, entre otras groseras anomalías.
Prórroga extraordinaria
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) solicitó una prórroga extraordinaria de seis meses para continuar con la investigación que involucra a Karina Mazacotte, para posteriormente solicitar el requerimiento pertinente. Los presuntos hechos investigados son lesión de confianza, declaración falsa y asociación criminal. El plazo ordinario de seis meses.