Los ocho procesados en el caso de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) se presentaron esta mañana en Tribunales para la audiencia preliminar ante el juez Humberto Otazú. Se trata del proceso investigativo por la aparente comisión hechos punibles en las gestiones sobre tragamonedas, quiniela y reducción del canon. Sin embargo, la diligencia fue suspendida.
La audiencia no pudo desarrollarse debido a que la defensa de Álvaro Wasmosy Carrasco, de la empresa TDP SA (explotadora de la quiniela), y de José Antonio Ortiz Baéz, expresidente de Conajzar, y Carmen Corina Alonso, exintegrante de la comisión y titular de la Dirección de Beneficencia y Asistencia Social (Diben), cuestionaron la actuación de fiscala María Estefanía González, investigadora del caso.
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El abogado Andrés Casati, defensor de Ortiz y Alonso, indicó que acompañó lo planteado por José Fernández Zacur, representante de Wasmosy. La medida consiste en la presentación de un recurso de reposición con apelación en subsidio por una serie de irregularidades formales en la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público.
Requerido referente a esas irregularidades, Casati señaló que la acusación se presentó fuera de tiempo. “La Fiscalía había solicitado una abreviación del plazo, y suspicazmente lo planteó la fiscala María Estefanía González, quien estaba recusada y no estaba firme su competencia en la causa. La agente presentó un día antes de la fecha estimada por el juzgado, y el juzgado no ha considerado la abreviación del plazo para recibir la acusación”, expresó el defensor.
Añadió que al momento de presentarse la acusación, este documento no fue acompañado en la carpeta fiscal y las posibles evidencias. “Esta defensa no pretende hacer caer la acusación, sino que solicitamos se remita a la Fiscalía General del Estado para que opine al respecto”, expresó.
Cabe recordar que días antes de concluir el plazo de seis meses de investigación, la fiscala González fue recusada por Wasmosy, se le confirmó en el caso y el empresario volvió a impugnar, y Ortiz y Alonso también acusaron a la agente. La fiscala nuevamente fue confirmada en el caso, y pidió la abreviación del plazo para presentar la acusación, maniobra cuestionada por los abogados, quienes alegaron que no fueron notificados de la confirmación de González como responsable de la causa.
“La fiscala presentó la acusación el 5 de julio pasado, y la defensa fue notificada recién al día siguiente. La fiscala no estaba confirmada en el caso cuando presentó la acusación, no debía presentar ella sino que los agentes que quedaron a cargo de manera interina, que eran fiscales Laura Giacomo, Natalia Silva y Luz Guerrero”, dijo el abogado.
La Cámara de Apelaciones deberá resolver la situación planteada por la defensa para continuar con el proceso. Andrés Casati, defensor de Ortiz y Alonso, recalcó que con los planteamientos hechos no se apunta a anular el proceso, sino que al contrario, el objetivo es “protegerlo” y no sea anulable más adelante.
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Además de Alonso, Ortiz y Wasmosy, se encuentran procesados Ricardo Núñez (hermano del diputado Basilio “Bachi” Núñez), exmiembro de Conajzar; Rubén Rousillón, gobernador de Presidente Hayes y autoridad de Conajzar; Omar Mongelós (hermano del titular de Sinafocal, Alfredo Mongelós) y Raúl Mariano Silva Busto, ambos exrepresentantes del Ministerio del Interior ante Conajzar. Además, se encuentra Sergio Coscia Nogués, exprocurador de la República.
Quinieleros se manifestaron
Un grupo de quinieleros se concentraron frente al Palacio de Justicia, en coincidencia con la audiencia preliminar al directivo de TDP SA, explotadora de la quiniela. Los trabajadores piden que se haga justicia, y se anule el contrato del citado juego de azar que mantiene el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez.
Alicia Gutiérrez, del Sindicato Nacional de Trabajadores Vendedores de Quiniela, de Bingos, Juegos de Azar y Afines del Paraguay (Sintraquiba) recordó que en 2020, el gremio había denunciado que la compañía explotadora de la quiniela desde 2015, TDP SA, no cumplía con el pago del impuestos. A pesar de esto, Conajzar le volvió a adjudicar el juego a la misma empresa, a finales de ese año.
“Pedimos justicia. Una empresa que no cumple con todas las obligaciones, tal como establece el Pliego de Bases y Condiciones de la explotación de la quiniela no puede mantener vigente su contrato con el Gobierno”, manifestó Gutiérrez.
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Para la Fiscalía, no existe dudas de que TDP incumplió obligaciones contraídas en el 2015 y que estaba en conocimiento al firmar el contrato en 2020. Consistían en destinar los pagos correspondientes para el Fondo del Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (FONARESS), como aporte de donación estipulado en la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar, y el impuesto establecido en la Ley N° 431/73, cuyos fondos se estipularon a favor de los veteranos de la Guerra del Chaco, entre otros puntos que se desprenden de la acusación.