Jurado analizará la actuación de jueza en caso de espionaje telefónico a abogado

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) estudiará la responsabilidad de la jueza y un fiscal (que ya renunció) que autorizó y solicitó, respectivamente, para que se pueda interceptar las llamadas telefónicas de un abogado que actuaba como defensor de un procesado por narcotráfico.

Rosarito Montanía, jueza penal de Garantías.Archivo, ABC Color
audima

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que preside el Abog. Jorge Bogarín Alfonso, estudiará hoy la acusación por mal desempeño de funciones promovida en esta instancia por el abogado Marciano Daniel Lobo Corbeta, contra la jueza Rosarito Montanía y el fiscal Eduardo Royg Acha (ya renunció en marzo pasado), por haber autorizado, la primera, y haber requerido, el segundo, las intercepciones de llamadas telefónicas que mantenían el letrado con su defendido, Juan José Dubini Franco, procesado por la incautación de 3.415 kilos de cocaína en julio del año pasado.

El Jurado de su orden del día de este martes 19 de julio tiene previsto, en el punto 2h) estudiar la causa N° 246/2021 caratulada: “Abg. Marciano Daniel Lobo Corbeta c/ Abogados Rosarito Soledad Montanía de Bassani, Jueza Penal de Garantías Especializada contra el Crimen Organizado del Tercer Turno, Circunscripción Judicial de la Capital, y Eduardo María Royg Acha, Agente Fiscal de la Unidad Penal N° 04 Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, Sede Fiscal de la Capital s/ Acusación”.

El supuesto mal desempeño de funciones que se les atribuye a la jueza y al fiscal son en los expedientes caratulados: “Juan José Dubini Franco y otros s/ Ley N° 1881/2002 que modifica la Ley N° 1340/88 (Ley N° 6379 Crimen Organizado)”; “Investigación fiscal s/ supuesto hecho punible previsto en la Ley N° 1340/88 y sus modificatorias” y “Autorización judicial para el inicio, la ampliación y finalización de la intercepción, registro, grabación y reproducción de comunicaciones, solicitado por el Agente Fiscal Abg. Eduardo Royg Acha”.

La Corte Suprema de Justicia había emitido un comunicado apoyando la gestión de la jueza Rosarito Montanía, hecho que fue cuestionado por el abogado Marciano Daniel Lobo Corbeta, así como por el Colegio de Abogados del Paraguay, que calificó de corporativismo a este hecho.

Justamente, el denunciante cuestionó la presencia del ministro de Corte Manuel Dejesús Ramírez Candia, integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por haber preopinado en el mencionado comunicado de la Corte. Actualmente, también integra el Jurado el ministro de Corte César Manuel Diesel.

La denuncia por “espionaje”

En ese sentido, el abogado Marciano Lobo Corbeta señaló en su acusación que el fiscal Eduardo Royg Acha incurrió en una irregularidad al solicitar, el 30 de julio de 2021, la autorización para la intercepción, registro, grabación y reproducción de comunicaciones de las líneas telefónicas, pese a tener conocimiento de que el número de celular con terminación 732 le pertenecía al abogado defensor de su imputado.

El pedido al juzgado penal de garantías del fiscal Royg Acha, se fundó en que supuestamente Dubini Franco mantenía comunicación frecuente con una persona que tenía registrada como “Dany Primo” y cuyo número de teléfono terminaba en 732.

Posteriormente, la autorización firmada por la jueza Rosarito Montanía fue remitida ese mismo 30 de julio de 2021 a la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, pero con el señalamiento en mayúsculas de que “no se agregue a la carpeta fiscal”

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