El Tribunal Electoral de la Capital de Segunda Sala no dio lugar a una demanda de nulidad de resoluciones planteadas por los concejales Derlys Hernán Olavarrieta y Julia Virginia Armas, y dictó acuerdo y sentencia sobre la resolución de la Junta Municipal, N°37 que hace referencia que la secretaria de la Junta Municipal, Chynthia Elizabeth Quintana Rolón, pasó a cargo de Recursos Humanos.
En este punto habría un error por parte del Tribunal porque la denuncia se realizó contra la resolución de ampliación del Reglamento Interno y no contra la situación de la funcionaria Quintana Rolón.
Asimismo, dicha instancia judicial dictó acuerdo y sentencia que no dio lugar a la acción de nulidad sobre la resolución N°39,por la cual se destituyó al presidente de la Junta Municipal Olavarrieta Torres (ANR) y a la vice presidenta Armas Maqueta (PLRA).
En el segundo punto del acuerdo y sentencia, es también donde ambas partes consideran que les favorece el fallo. Se “ordena la reposición de los demandantes en sus cargos de presidente y vicepresidente de la Junta Municipal de Caapucú” y levantar la medida cautelar.
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Olavarrieta y Armas, estaban ejerciendo el cargo de presidente y vicepresidenta de la Junta Municipal respectivamente. Existía una medida cautelar, que ahora quedó sin efecto ante la disposición del Tribunal que dictaminó su levantamiento. Sin embargo, ellos aseguran que son los demandantes por lo que dicen se les confirmó en el cargo.
Cayo Barboza y Carlos Giménez, fueron electos por mayoría como presidente y vicepresidente también del cuerpo legislativo local. Ellos acataron la medida cautelar hasta que salió la sentencia N°31/2022 y aseguran que son ellos los que deben ser reincorporados a la mesa directiva. Ante dicha situación, el municipio se encuentra con una Junta paralela.
Resolución tiene deficiencia de forma no de fondo
El concejal Barbosa Hermosa, solicitó el sábado, la llave de la puerta del local de la Junta para sesionar, alegando que la resolución N°31/2022, dicta que se le repone en el cargo de presidente. El intendente Gustavo Penayo le pidió una aclaratoria a Barboza, porque según considera que la resolución del Tribunal tiene “una deficiencia de fondo, pero no de forma”.
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El jefe comunal no reconoce a Barboza Hermosa ni a Giménez, como los que deben asumir, porque considera que la resolución indica que son los demandantes los que deben asumir el cargo de presidente y vicepresidente. En este caso, los demandantes son Olavarrieta (ANR) y la concejal Armas (PLRA).
Agregó en su nota que no coincide en lo que se busca interpretar por el concejal Barboza Hermosa, en modificar la mesa directiva. Por lo que solicita una aclaratoria, siendo la vía correspondiente para destrabar este mal entendido.
“Siendo la intendencia municipal el órgano ejecutivo y el administrador de bienes y gastos no puede reconocer cuestiones que sean debatidas en las esferas de los tribunales. Al solo efecto de destrabar este conflicto que se genera por la interpretación de una resolución judicial, que trae aparejada cuestiones que puedan perjudicar el buen funcionamiento de las instituciones, señaló en su nota el intendente local.