Para proseguir las actividades, el presidente de la Junta Municipal de Caapucú, Cayo Barboza Hermosa, convocó una sesión ordinaria para el sábado pasado. Para el efecto, solicitó al intendente Gustavo Penayo (ANR, Partido Colorado) la llave de la sede de la Junta Municipal. El ejecutivo municipal se desentendió del tema y los ediles se vieron obligados a sesionar en el corredor del local municipal.
Los concejales denunciantes Derlys Hernán Olavarrieta ,(ANR) quien fue destituido de la titularidad de la Junta por mayoría de votos por supuesto mal desempeño en sus funciones; y la exvicepresidenta Virginia Armas Maqueda (PLRA, Partido Liberal), recurrieron al Tribunal Electoral para resolver el caso e incluso reasumieron sus cargos mediante una medida cautelar.
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Sin embargo, el Tribunal no dio lugar al pedido de los demandantes, que habían planteado la nulidad de las resoluciones 37 y 39, emanadas ambas de la Junta Municipal de Caapucú.
En el acta N°15, resolución 37, se amplió el artículo 13 del Reglamento Interno de la Junta Municipal, donde se incluye la figura de mal desempeño de funciones del presidente; y en el acta 16, artículo 53, se establece que las sesiones son válidas en el lugar en que fueren desarrolladas, siempre y cuando haya mayoría de concejales.
Las mencionadas resoluciones siguen vigentes y fueron ratificadas por el acuerdo y sentencia 31/22, firmado por los magistrados Mirian Cristaldo y Santiago González; en disidencia firmó el magistrado, Guillermo Casco Espínola.
Asimismo, el Tribunal dispuso levantar la medida cautelar promovida por Olavarrieta y Armas Maqueda, de la cual se valieron para reasumir la presidencia y vicepresidencia, respectivamente.
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En este distrito se conformó una Junta Municipal paralela, pero la situación ahora fue regularizada con la disposición judicial, que debe ser acatada por los 12 concejales. Tanto Olavarrieta como Armas Maqueda apelaron la resolución de la sentencia 31/2022 del Tribunal.
Denuncian que intendente crea discordia entre concejales
Los concejales municipales denuncian que el intendente Gustavo Penayo busca crear discordia en la Junta Municipal, y entre los ciudadanos porque no acepta la decisión del Tribunal, porque no acepta que Barboza Hermosa sea presidente de la Junta.
El intendente dijo que por el momento reconoce sólo a la mesa directiva integrada por Olavarrieta y Armas Maqueda, no así la del segundo bloque que integran siete concejales y que ahora el Tribunal confirmó: Cayo Ignacio Barboza (ANR) como presidente y Lucas Giménez (PLRA) como vicepresidente.
Les acompañan los liberales Mabel Schupp, David Rojas, Domingo Villalba, Luis Carlos Agüero; y el edil colorado Rubén Pedrozo.
El intendente emitió un comunicado en el cual agradece los mensajes de apoyo que está recibiendo. En su escrito alega que “estamos desarrollando una gestión histórica, que molesta muchos a quienes siempre pusieron palo a la rueda del progreso”.
Dijo haber entendido que el Tribunal - sin especificar a qué disposición se refiere - resolvió reponer en sus puestos a Olavarrieta y Armas.
“El pueblo habló fuerte y pidió el cambio, cambio que le cuesta digerir a la rosca que hundió a Caapucú en un atraso de 30 años”, afirmó el intendente.
El concejal colorado Rubén Pedrozo manifestó que antes acompañaba la gestión de Penayo, pero decidió por una cuestión ética y de compromiso con el pueblo que “no podía seguir avalando las irregularidades detectadas en su gestión”.
“Dicha decisión afectó a mi hija contratada en IPS y que ofrece su servicio como comisionada en el Centro de Salud de Caapucú, le retuvieron su sueldo y según averigüé fue por disposición del diputado Esteban Samaniego, quien fue el que le consiguió el rubro, pero eso no significa que yo tengo que apañar todas las irregularidades, por eso me aparté seguro en algún momento van a dejarle a fuera a mi hija”, dijo el concejal Pedrozo.
Mala gestión enfrenta a concejales
El fondo de la cuestión es la falta de rendición del intendente Gustavo Penayo, que cada día demuestra errores administrativos graves como la falta de transparencia y el atraso en los pagos a funcionarios y concejales que no aprueban su mala gestión, comprobada en los diferentes aspectos como la falta de rendición de cuentas, la intromisión en decisiones de la Junta Municipal, injerencias en la designación de asesores jurídicos de la misma y esfuerzos para sacar de su cargo a la secretaria general de la Junta Municipal, Cinthia Quintana.