Justo Ferreira recusa tribunal y traba juicio por contrabando

Con una recusación al Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, al propietario de la firma Insumos Médicos SA (Imedic) Justo Ferreira Servín, logró suspender el juicio oral y público que debía afrontar desde hoy, por contrabando y otros delitos.

Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira Pascottini salen de la Fiscalía de Delitos Económicos, luego de una de las audiencias. Detrás de ellos se ve al abogado defensor José Dos Santos. Archivo Abc.Archivo, ABC Color
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El inicio del juicio oral y público al propietario de Insumos Médicos SA (Imedic) Justo Ferreira Servín, su hija Patricia Ferreira Pascottini, presidenta de la firma y otros acusados por el supuesto contrabando de insumos chinos y otros delitos, estaba previsto para hoy a las 13:00. Sin embargo, la audiencia no podrá realizarse debido a el primero de los nombrados recusó a los miembros titulares y hasta suplentes del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos.

Esta mañana, cuando la magistrada Elsa García, presidenta del colegiado y sus colegas Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza como miembros titulares y Miguel Ruiz como miembro suplente se disponían a organizar el inicio del juicio, fueron informados de que el viernes último ingresó la recusación contra el Tribunal de Sentencia en pleno presentada por Justo Ferreira, bajo patrocinio del abogado Nicolás Fernández.

En estos momentos, los magistrados elaboran el informe sobre lo ocurrido, para su remisión al Tribunal de Apelación en lo penal que deberá resolver la recusación.

MP acusa a los Ferreira por contrabando y otros delitos

El fiscal Osmar Legal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), sostiene en su acusación que la firma Imedic defraudó al fisco con el ingreso ilegal al país de 50 camas hospitalarias de alta gama, adquiridas previamente de la empresa panameña Máster House por un total de US$ 142.500.

Los Ferreira están acusados junto al despachante de Aduanas Carlos Alberto Gamarra por la supuesta comisión de los hechos punibles de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

El Ministerio Público también acusó a los aduaneros Guillermo Andrés Molinas Camp y Gustavo Adolfo Acosta Acosta, pero como presuntos autores de los delitos señalados en el Artículo 337 de la Ley 2422/04 “colaboración o complicidad de funcionarios públicos o despachantes de Aduanas”.

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