Poco después de promulgarse la Ley N° 6.903/22, que establece medidas de protección a menores de edad de la influencia de tragamonedas y prohíbe el uso de éstas en comercios de libre concurrencia, tales como despensas, hamburgueserías, peluquerías y otros, el diputado José Rodríguez solicitó vía nota a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por María Galván del Puerto, una audiencia pública para socializar la reglamentación de la citada ley. Sin embargo, la comisión hasta el momento no brinda una respuesta positiva al respecto.

Conforme al reporte del diputado, en lugar de fijar una fecha para dicha audiencia pública, Conajzar contó vía escrito al legislador que se limitó a enviar un informe a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), para notificar sobre la vigencia de la nueva ley de tragamonedas. En esta nota, la Comisión le pidió a Opaci que informe a todos los municipios sobre el tema y a la vez, “se puso a disposición” de las comunas. Nada más. Ninguna mención a la audiencia pública.

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Conajzar no brinda información pública

La falta de información es una constante en esta Comisión. De hecho, en la web de Conajzar no se encuentra la reglamentación de la nueva ley y lo último que se subió al respecto en este sitio fue hace tres meses. Se trata del comunicado en el que la institución informaba que estaba “trabajando en el documento”, sin brindar detalles al respecto.

A pesar de que la normativa para el uso de tragamonedas en todo el país es de relevancia social e interés público, la titular de Conajzar, Galván, no responde al pedido de una reunión con ABC, hecha por escrito el 22 de abril último, para informar a la ciudadanía sobre la reglamentación. Tampoco accede a los requerimientos de una entrevista, hechos mediante llamadas y mensajes.

Hasta ahora, dicha institución se limitó a brindar escuetos e incompletos reportes proporcionados a través del portal de Acceso a la Información Pública (AIP) y su web. La última respuesta verbal que se tuvo de la comisión se obtuvo mediante Livia Buzó, coordinadora técnica, quien aconsejó recurrir a la justicia para acceder a documentos públicos.

El “negocio” de tragamonedas

Cabe recordar que la nueva ley de tragamonedas surgió en el Congreso como respuesta a la violación de la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar, el Decreto N° 3083/15 y sus resoluciones reglamentarias de Conajzar, que se dio con la rúbrica de la Resolución N° 34/2020. Este último documento estipulaba el censo, catastro y explotación de esas máquinas en comercios no exclusivos de juegos de azar del país, es decir, permitía su uso en despensas, hamburgueserías, barberías y otros locales que están prohibidos desde 1997. Con esta situación, algunos senadores consideraron que se expone a niños, niñas y adolescentes al desarrollo de la adicción a las apuestas (ludopatía) y denunciaron el hecho a la Fiscalía.

El plan de Conajzar, revocado en junio último como consecuencia de la nueva ley de tragamonedas, consistía en contabilizar los tragamonedas del país que no operan en casinos ni salas de juegos de azar, y notificar a los responsables de esos comercios identificados de la Resolución N° 34 y cobrarles el canon mensual.

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Para el desarrollo de estas gestiones, Conajzar contrató a la empresa iCrop SA, que por cada máquina cobraba entre G. 300.000 y G. 450.000. Teniendo en cuenta que el compromiso era “legalizar” 50.000 tragamonedas, la expectativa de recaudación era de US$ 2,1 millones al mes, y de ese monto sólo el 30% iría al fisco y el 70% (US$ 1,5 millones), para el privado.

La obligación que el contrato establecía entre el estado y la empresa, cuya accionista es Lucy Sy (ciudadana china taiwanesa), era pagar el canon por cada máquina. El canon debía ser el valor de un jornal mínimo y debía cobrarse hasta tres tragamonedas por comercio, sin que implique un desaliento al uso de tragamonedas ni protección a los menores de edad.

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Incluso, conforme a denuncias recibidas por ABC, iCrop también llegó a ingresar a las salas de juegos de azar, algo que ni siquiera el contrato tachado de ilegal le permitía. La veracidad de estas declaraciones se confirmó en su momento al detectarse que las máquinas de salas de juegos de azar contaban con la calcomanía con el código Qr que pegaba iCrop tras cobrar el canon.

Además, se pudo acceder a fotografías y videos en los que se verificaba que los operativos de notificación de iCrop eran acompañados por agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional.

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Quiere seguir con “negocio”

Semanas atrás, se comprobó que la empresa demandó a Conajzar en lo civil, caso que es atendido por la jueza Lizza Natalia Reyes. Con esta medida, se desprende que Sy aspira a continuar con el “negocio”, a pesar de lo estipulado en las leyes N° 1016/97 y N° 6903/22 e incluso los dictámenes que cuestionan la estrategia de Conajzar con iCrop.

Las instituciones que calificaron de ilegal el contrato entre icrop y Conajzar son: la Contraloría General de la República (CGR), Secretaría Anticorrupción (Senac) y hasta Opaci. Y luego de la promulgación de la ley de tragamonedas, se sumaron a las críticas la Procuraduría General de la República (PGR), Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda (MH) y el asesor externo de Conajzar Jorge Zárate Leiva.

Autoridades procesadas por “regularización” de tragamonedas

Como consecuencia de la denuncia plateada por senadores, preocupados por la exposición a los menores de edad, además de la gestión de la quiniela y la reducción del canon a concesionarias, la Fiscalía acusó y pidió juicio oral para siete de los ocho procesados por estas gestiones.

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Los acusados son Rubén Rousillón Blaires, gobernador de Presidente Hayes e integrante de Conajzar; Carmen Corina Alonso, titular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) y precandidata al Senado por el movimiento Fuerza Republicana; Ricardo Núñez Giménez, precandidato a gobernador de Presidente Hayes por el movimiento Honor Colorado y hermano del diputado Basilio “Bachi” Núñez; Omar Mongelós González y José Antonio Ortiz Báez (expresidente de Conajzar).

La fiscala María Estefanía González acusó a Ortiz, Alonso y Núñez por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato y exacción; a Mongelós y Rousillón por lesión de confianza, prevaricato y exacción; y a Álvaro Wasmosy, directivo de TDP (explotadora de la quiniela), por declaración falsa.

El exprocurador Sergio Coscia fue procesado por avalar la ilegal reducción del canon y fue beneficiado con el sobreseimiento provisional, ante la falta del reporte de un peritaje informático que certifique el dictamen en cuestión de qué computadora fue enviado a Conajzar, según se supo. Se trata del dictamen N° 191/20, documento que forma parte de la acusación de Fiscalía.

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