La comitiva fiscal y policial estuvo encabezada por el agente fiscal Gabriel Segovia y el director departamental de la Policía, comisario César Lara, quienes estuvieron acompañados por el representante del consorcio encargado de las obras, Rutas del Este S.A., el abogado Juan Guiniazú. Estos fueron recibidos en el lugar por un grupo de 60 personas que se encontraban en precarias carpas montadas en el lugar.
El abogado de Rutas del Este S.A. dijo que la empresa constructora no tiene nada que ver con el problema y que la disconformidad debe ser discutida con el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC). Indicó, asimismo, que las obras deben de continuar y que los manifestantes los tienen de rehenes.
El fiscal Segovia, por su parte, explicó que un total de tres denuncias fueron realizadas en la Fiscalía General de República y que fueron remitidas a su unidad para buscar una solución al problema. Explicó, igualmente, que las denuncias consisten en coacción grave, apropiación e intervenciones peligrosas en el transito terrestre y que si no se libera la zona de trabajo, no existiría de otra que hacer uso de la fuerza de la policial.
Mientras que el poblador Andrés Escobar indicó que hace 4 años vienen reclamando una solución al Gobierno y que nunca les hicieron caso. Agregó que lastimosamente la única solución que reciben del Estado es la represión.
Aseguró, además, que unas 5 mil personas quedarán aisladas y que no abandonarán el sitio hasta hallar solución a sus problemas.
En lugar se apersonaron el diputado Antonio Buzarquis (PLRA), el intendente de esta ciudad, Marcos Benitez (ANR), y otras autoridades locales. Tras largas discusiones se logró llegar a un acuerdo que consiste en una tregua de 15 días para que los manifestantes y el Ministerio de Obras Públicas puedan llegar a una solución.
Si no se destraba el problema, la Fiscalía y la Policía harán uso de la fuerza para despejar la zona de obras.