Para el efecto, los camaristas José Agustín Fernández, Bibiana Benítez y Gustavo Ocampos dejaron sin efecto la resolución dictada por la jueza penal de garantías Alicia Pedrozo, el 4 de febrero pasado. En la ocasión, la magistrada declaró la prescripción de la causa abierta por supuesta lesión de confianza y archivó el proceso con relación al exministro Rafael Filizzola y otros procesados por el caso, Alejandro Apolonio Candia Giménez, propietario de la constructora Todo Verde, Juan Diego Fernández Aguirre, administrador de empresas, Aníbal Gerardo Muñoz Fernández, trabajador independiente, y Fernando Ángel María Sakoda Giménez, empleado, los tres últimos ex altos funcionarios del Ministerio del Interior.
Mediante la apelación presentada por los fiscales Néstor Coronel y Natalia Fúster, la resolución fue objeto de análisis en segunda instancia.
El Tribunal de Apelación realizó el cómputo de plazos y llegó a la conclusión de que tras el descuento del periodo de suspensión (5 años 5 meses 20 días) por la acción de inconstitucionalidad que planteó el ex ministro Filizzola se llega a 5 años y 8 días corridos, por lo cual consideran que no se cumplió el doble del plazo para la prescripción (10 años).
Para Filizzola, no se cumplió plazo para la prescripción
El Tribunal realizó el cómputo de plazos y alega que descontando el periodo de suspensión (5 años 5 meses 20 días) por la acción de inconstitucionalidad que planteó el ex ministro Filizzola se llega a 5 años y 8 días corridos, por lo cual consideran que no se cumplió el doble del plazo para la prescripción (10 años).
Este caso tiene que ver con la contratación de la empresa Todo Verde Emprendimientos, de Alejandro Apolonio Giménez, también imputado, que debía realizar refacciones en comisarías de todo el país.
La firma en cuestión recibió un monto total de G. 1.131.812.500, pero no completó los trabajos a cabalidad.
Inclusive, pese a las irregularidades, el 26 de abril de 2011 fue aprobada la ampliación del contrato Nº 79/10 por el monto de G. 219.860.772, pero esta adenda ya no se llegó a pagar.
Las obras que no se hicieron
Las obras se iniciaron el 25 de enero de 2011, y según el contrato, en un plazo de 60 días debían estar concluidas 23 comisarías, en tanto que 90 días era el tiempo establecido para la comisaría número 19, ubicada en barrio Jara.
Fue así que el 25 de enero empezaron las obras y ese mismo día se pagó la totalidad del monto establecido en el contrato.
A su vez, no se ejecutó la garantía, cuya fecha tope era el 31 de agosto de 2011, dice la imputación.
Los demás imputados en este proceso son Andrea Angélica Adle Román, Fernando Ángel María Sakoda Giménez, Juan Diego Fernández y Aníbal Muñoz, ex altos funcionarios del Ministerio del Interior.
De acuerdo a los datos, la firma del contrato con Todo Verde se efectuó el 2 de diciembre de 2010. Las obras empezaron fuera de plazo y no se ejecutó la garantía.
Duarte resaltó además, que llama la atención que la fiscalía haya requerido suspensión condicional del procedimiento para la exdirectora de Contrataciones Andrea Adle y para el propietario de la empresa constructora Todo Verde Emprendimiento, Alejandro Giménez, e insista en llevar a juicio oral y público al exministro Filizzola.