La Contraloría General de la República (CGR) realizó una fiscalización especial inmediata (FEI) a dos contrataciones que realizó la Industria Nacional del Cemento (INC) en el 2021, una de ellas para la compra de clínker que realizó la cementera pública, en la que el ente de control reveló varias irregularidades.
En su informe final de mayo último, de 50 páginas, pero que recién se dio a conocer ayer, el ente contralor cuestionó que la firma estatal siga comprando clínker importado, pese a que tiene en su cantera de Vallemí (Concepción) la cantidad suficiente de piedra caliza para producir este insumo del cemento. Según los datos, la INC puede producir clínker durante casi 1.000 años con sus reservas, pero llamativamente prefiere seguir comprando del exterior.
Pero no solo esto criticó la Contraloría, sino que también reveló varias anomalías en el marco de la compra de 60.000 toneladas de clínker importado de las “eternas” proveedoras de este producto de la empresa pública. Se trata de la adjudicación del año pasado por G. 48.727 millones a las empresas LT S.A. (representada por Omar Bustos), por G. 19.491 millones; y Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte. Ltd. (David Aitkenpor), por G. 29.236 millones.
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De acuerdo con el informe de la CGR, la cementera pública no pudo justificar mediante documentos la necesidad de seguir comprando clínker importado, en la cantidad establecida en el mencionado proceso de contratación, por lo que violó la ley de Contrataciones Públicas. Tampoco pudo demostrar la decisión de seguir adquiriendo este producto, considerando la piedra caliza que tiene en su cantera.
El organismo de control también enfatizó que la INC no demostró haber realizado una adecuada planificación para la adquisición de la materia prima, lo que derivó en dos procesos licitatorios y una de ellas resultó suspendida. Al mismo tiempo, concluyó que la cementera estatal no pudo justificar mediante documentos cuál fue el precio unitario y precio global de referencia fijados en la adjudicación en cuestión.
La CGR también concluyó que los evaluadores de las ofertas de LT y Swiss Singapore no reunieron los requisitos de la ley 2051 para establecer las experiencias de las proveedoras y resaltó que se haya apurado la firma del contrato sin esperar el vencimiento del plazo para las protestas.
Asimismo, la Contraloría reveló que la INC no procedió a aplicar multas a las empresas contratadas, debido al atraso en el que incurrieron las firmas en la entrega de las cantidades iniciales pactadas en el contrato.
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Otra adjudicación fiscalizada por la Contraloría
Otra adjudicación que revisó la contraloría en el marco de esta fiscalización fue el contrato para el “Montaje Mecánico, Eléctrico, Electrónico y Civil para Puesta en Marcha del Ventilador Tiro Horno III de Fabrica Vallemí”, que la INC adjudicó por G. 8.377 millones a la empresa CIE SA (Hugo Ángel Aranda Núñez).
En el caso de este contrato también reveló anomalías como que los precios referenciales no se hayan establecido de acuerdo al presupuesto más bajo y la rapidez en la que se recibieron las ofertas, incumpliendo los plazos que exige la ley. Tampoco la empresa pública pudo justificar por qué fue más conveniente la oferta adjudicada.
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CGR realiza dos auditorías más
La INC invirtió US$ 80 millones de los bonos soberanos durante el Gobierno de Cartes para aumentar la producción de clínker y, por ende, también incrementar el despacho de cemento. Pero, esto no ocurre hasta ahora y la empresa solo registra pérdidas, por lo que la Contraloría está realizando dos auditorías más en este momento a la firma, que concluirán en breve. La fiscalía sigue sin imputar en este caso, pero siguen las pesquisas.