En sesión plenaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió en la causa N° 69/2022, por unanimidad el desafuero solicitado por el fiscal anticorrupción Luis Lionel Piñánez del juez de primera instancia en lo Civil y Comercial y Laboral Leopoldo Villalba Morel, y de Graciela Ramona Ramírez Martínez, jueza de primera instancia de la Niñez y la Adolescencia, ambos magistrados de la ciudad de Fuerte Olimpo, Alto Paraguay.
Una vez desaforado los jueces, el juzgado de garantías podrá dar trámite a la imputación y resolver sobre la imposición de medidas cautelares.
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De igual manera, el Jurado resolvió iniciar de oficio el enjuiciamiento de los jueces, pero el mismo estará pendiente a las resultas del proceso penal caratulado: “Leopoldo Villalba Morel, Graciela Ramona Ramírez Martínez y Nancy Estela Farías Villanueva s/ producción inmediata de documentos públicos de contenido falso”.
La supuesta producción de documentos falsos
El inicio del proceso penal contra los jueces Leopoldo Villalba Morel y Graciela Ramona Ramírez Martínez, así como de la actuaria judicial Nancy Estela Farías Villanueva, se dio por una denuncia realizada por Frank Dick, en nombre y representación de la firma “STARLAND S.A.”, a nombre de la cual se encuentran cuatro inmuebles.
En medio de un proceso de compraventa de tres de estos predios se constató que había una inscripción de “Litis” en una causa caratulada como “Chih Ming Kuo c/ Asociación Indinerhilfe Und Tropenwaldschutz Dr. Binder y/o Starland S.A. s/ interdicto de retener la posesión”, que estaba siendo tramitada en el juzgado de Leopoldo Villalba.
Sobre dicha causa en juicio, el juez Leopoldo Villalba y su actuaria Nancy Farías supuestamente realizaron una constitución judicial en fecha 13 de febrero de 2018. Posteriormente, en otra causa del mismo actor, esta vez por un juicio de usucapión, se constituyeron en los inmuebles la jueza Graciela Ramírez, quien interinaba a Villalba, y la actuaria Farías, en fecha 8 de febrero de 2019.
El Ministerio Público también realizó constituciones con técnicos de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales para la medición de los predios a fin de contrastar con los datos judiciales; por otra parte, solicitó informes a la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial sobre la asistencia y las constituciones de los funcionarios.
Ya con los documentos remitidos por la Dirección de Recursos Humanos se constató la inexistencia de las mejoras que se mencionan en las actas judiciales de fecha 13 de febrero de 2018 y 8 de febrero de 2019, respectivamente. Esto hace sospechar que los jueces y la actuaria, en representación del juzgado, certificaron falsamente las constituciones. Esto se acrecienta al comparar los datos geográficos obtenidos mediante GPS con los del Ministerio Público.
Por todos estos hechos señalados por el fiscal surgen como indicios en grado de sospecha que Nancy Farías, en calidad de actuaria judicial habría elaborado las dos actas de constitución, con la colaboración de los jueces y superiores jerárquicos de la misma, ya que en las actas se certificaron datos físicos de un inmueble que no corresponden a la realidad.
Otras decisiones del Jurado
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados asimismo resolvió el rechazo de denuncias y acusaciones que favoreció a los jueces Guillermo Casco Espínola, Myriam Cristaldo Caballero, Hermes Medina Oviedo, Lilian Lorena Rojas, Lici Teresita Sánchez, Juana Bertha Ávalos, Alba Centurión, Victoriana Cáceres, Javier Dejesús Esquivel, Rosalinda Güens, Antonio Álvarez, Liduvina Otazú de Mereles y Víctor Hugo Ortigoza.
Con el desistimiento de acusaciones fueron beneficiados los jueces Lourdes Cardozo de Velázquez, María Teresa González de Daniel, Oscar Rodríguez Masi, Olga Letizia de Gásperi, Julio César Granada, César Manuel Godoy Morales, Amilcar Marecos, Graciela Ortíz de Villalba, Emilio Gómez Barrios, Ybete Welter de Troes, Lucía Alejandra Stewart Espinoza, Cándida María Fleitas, Juan Carlos Zárate Pastor, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro Radice, así como para la fiscala Natalia Elizabeth Montanía.
Con la cancelación de sus investigaciones o enjuiciamientos fueron favorecidos los exjueces Alejandro Herrera Duarte, Nelson Ojeda Quintana y Perfecto Silvio Orrego.