El operativo fiscal-policial lo encabezan el fiscal anticorrupción Omar Legal y la fiscala del Crimen Organizado Alicia Sapriza, quienes están en el aeropuerto Guaraní, que se encuentra en el ojo de la tormenta desde hace dos semanas luego del aterrizaje del avión iraní.
Para realizar este allanamiento se tuvo que hacer un mandamiento de la Corte Suprema de Rosarito Montanía, jueza penal de Garantías de Crimen Organizado.
“Es para allanar oficinas administrativas y el puerto de control para proceder a la búsqueda y control, filmaciones de la llegada, descenso y salida de la tripulación, datos de los funcionarios, documentación respecto a la recepción en la carga del avión”, reza parte del mandamiento de la jueza Rosarito Montanía.
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La comitiva está revisando documentos, realizando recorridos e indagando a los funcionarios en busca recolectar datos sobre la estadía de la tripulación del avión Emtrasur -de procedencia iraní pero que estaba operando bajo bandera de Venezuela-, que estuvo en el país entre el 13 y el 16 de mayo pasado. El grupo ahora investigado estaba compuesto por ocho venezolanos y siete iraníes.
Mientras el procedimiento se realiza a puertas cerradas, la terminal aeroportuaria está operando sin interrupción de sus actividades normales. Los agentes fiscales intervinientes prometieron que una vez finalizado darían detalles de los resultados de este operativo.
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El 24 de junio pasado, la Justicia argentina libró exhortos a EE.UU. preguntando sobre el piloto iraní Gholamreza Ghasemi del avión venezolano-iraní que se encuentra incautado en ese país y cuyos tripulantes están siendo investigados por posibles vínculos con el terrorismo internacional, así como la aeronave, desde principios de junio.
Sin embargo, en nuestro país, este mismo avión y su tripulación estuvieron por tres días e incluso tuvieron custodia policial desde la terminal aérea hasta un hotel de Ciudad del Este. Debido a eso se produjo la destitución del administrador del aeropuerto Guaraní, Luis Afara y en su reemplazo fue designado Édgar Rodríguez, quien hizo un “movimiento administrativo” de funcionarios vinculados al caso.
Rodríguez se desempeñaba como jefe de cargas aéreas y era la siguiente persona en la línea responsabilidades. También otro funcionario de la Dinac fue apartado del cargo tras el polémico arribo. Además, el ministro del Interior, Federico González, se desdijo en varias ocasiones por no tener una información acabada de lo que vinieron a hacer los venezolanos y los iraníes en nuestro país.