El proyecto de ley sancionado con 25 votos a favor y que pasa al Ejecutivo para su promulgación o veto es parte de un acuerdo entre gremios y autoridades del Ministerio de Justicia, y se estima alcanzará a cerca de 1.300 funcionarios penitenciarios, no todos ellos guardiacárceles, que fue uno de los principales cuestionamientos. Se prevé el uso de unos G. 10.250 millones, ya fueron presupuestados como “subsidio familiar” y que hasta el momento no fueron utilizados.
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El senador Fernando Lugo (FG) indicó que actualmente cobran subsidio por alimentación unos 600 agentes penitenciarios que trabajan con el régimen de 24 horas x cada 48 horas libres (tres veces por semana) y ahora se pretende incluir a otros “900 agentes penitenciarios más, 169 funcionarios y 191 funcionarios administrativos” de los 18 centros penitenciarias y 8 centros educativos a nivel país y que los rubros presupuestados no usados serían suficientes para cubrirlos.
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Esto incluye no solo a guardiacárceles, sino también a personas administrativos, médicos y odontólogos, etc,, que en algunos casos trabajan en el penal menos de 15 horas semanales.
La senadora Desirée Masi (PDP), una de las pocas que se mostró en contra del proyecto, advirtió que esta iniciativa es peligrosa para las arcas estatales, ya que habilita a otros funcionarios que trabajan 8 horas diarias a pedir el mismo beneficio el próximo año.
Masi explicó que estaba a favor del pago al grupo de funcionarios que realmente se lo merecen, que son los que trabajan en el régimen de 24 horas corridas en horario tarde y noche, que normalmente son los contratados que de hecho cobran menos y tienen menos beneficios.
“El Minsterio de Hacienda nos advierte que estamos rompiendo con un criterio y ahora sí, todo los otros funcionarios van a poder decir también, señores yo también quiero cobrar un plus de alimento aunque no haga guardia de 24 horas o aunque no haga guardia 12 horas. Yo manifiesto que estamos abriendo una compuerta peligrosa que no sé cómo vamos a cerrar en un presupuesto muy complicado como va a ser el del 2023″, advirtió Masi.
el criterio único que se tienen en el Estado. Hasta los policías que hacen guardia de 24 horas son los que tienen más en el tema de alimentos y acá nosotros vamos a romper con ese principio”, dijo y consideró que “toditos los otros van a querer los mismo”.
También afirmó que Hacienda advirtió que el Ministerio de Justicia ya habría realizaron un pago irregular de subsidios para unos 1.749 funcionarios, dando G. 1.000.000 (para nombrados) y G. 500.000 (contratados) “violando el presupuesto”.
“En el informe de Hacienda se señala que se detectó un pago en concepto de ‘subsidio por alimentación’ para todos los funcionarios, pero tenían prohibido, sin distinción y en contravención al clasificador presupuestario ya que según el propio informe remitido por el MJ, los trabajadores que labores de 24 hs., son 668, sin embargo el pago se hizo para 1749 funcionarios, violando la ley presupuestaria”, afirmó Masi.