El juez de Garantías Julián López suspendió por 5ª vez la audiencia preliminar para la extitular de Petropar Delia Patricia Samudio Torras y su esposo José Costa Perdomo, acusados de supuesta lesión de confianza por la compra irregular de agua tónica con fondos de la petrolera estatal, en marzo del año 2020, con la excusa de que el producto era eficaz para prevenir el COVID-19.
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Esta vez, la suspensión fue por la intervención del abogado Rodrigo Samaniego Díaz como nuevo defensor de los acusados, quienes en la anterior convocatoria (24 de mayo) habían nombrado como nuevo representante legal al abogado Marcial Otilio Paredes Basualdo solo para suspender la diligencia en la que se debe resolver si la causa se eleva a juicio oral y público, como pide el Ministerio Público.
Diez días después de haber asumido, Paredes Basualdo presentó renuncia a la defensa de Samudio y su esposo, por lo que el juez Julián López lo declaró litigante de mala fe y le impuso una sanción de 75 días multa, que asciende a la suma de G. 6.803.865.
Patricia Samudio y su esposo, sancionados por chicaneros
El pasado 16 de junio, el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, ratificó la sanción de 50 días de multa, equivalentes a G. 4.402.550, para Patricia Samudio y por el mismo monto para su esposo José Costa Perdomo, que impuso en primera instancia el juez Julián López por los constantes recursos dilatorios planteados por los acusados.
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La resolución de los camaristas Arnaldo Fleitas, Bibiana Benítez Faría y José Agustín Fernández resalta que la sanción disciplinaria impuesta a los acusados es a los efectos de “salvaguardar el proceso de las actuaciones dilatorias, de mala fe y temerarias ejercidas por las partes y que en nada contribuyen al ejercicio de la defensa”.
En el fallo recuerdan que la propia Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por Auto Interlocutorio N° 156 del 16 de marzo de 2022, resolvió llamar la atención al Abog. José Costa Perdomo aduciendo que las cuestiones planteadas por el mismo “son con fines meramente dilatorios por carecer estos de fundamentación fáctica y jurídica”.
Fiscal pedirá que vayan a prisión si vuelven a chicanear
El juez Julián López convocó por 6ª vez a los acusados para el 20 de julio, a las 9:30. El fiscal Silvio Corbeta pidió que se apliquen sanciones y anunció que, en caso que Samudio y su esposo vuelvan a plantear otra chicana para seguir dilatando la causa, solicitará al Juzgado de Garantías que revoque las medidas alternativas y decrete la prisión preventiva de ambos.
Según la acusación fiscal, bajo la administración de Patricia Samudio, Petropar adquirió, por la vía de la excepción, de la firma proveedora Solumedic SA, 3.000 tapabocas N95, 5.000 botellas de agua tónica y otros insumos, por un total de G. 359.700.000.
Esta suma fue transferida a una cuenta de la empresa Racole SA para el pago parcial de una deuda de Costa Perdomo, esposo de la entonces funcionaria estatal, siempre según el relato de los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera en la acusación.
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Ante la posible estrategia de la defensa de Samudio de pedir la extinción de la causa y, por ende, el sobreseimiento definitivo de los procesados, alegando que el monto del perjuicio que sufrió el Estado ya fue devuelto en su totalidad por la empresa Solumedic SA, la fiscala Liliana Alcaraz indicó que la devolución del dinero se dio después de la apertura de la presente causa.
La agente del Ministerio Público remarcó que para la Fiscalía la causa se debe discutir en un juicio oral, aunque los directivos de la empresa Solumedic SA Liz Adolfina Chamorro Ferreira y Víctor Ramón Cabañas Fernández hayan devuelto al Estado los G. 359.700.000.
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Los acusados alegan que el supuesto perjuicio patrimonial causado con la supuesta compra irregular de agua tónica, que asciende a la suma de G. 359.700.000, ya fue reparado. En consecuencia, aseguran que ya no hay motivos para la persecución penal, por lo que plantearon una excepción por falta de acción.