La Cámara Baja primeramente trató el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley N° 6909 ‘Que exceptúa a toda persona jurídica del exterior dedicada a la comercialización de hidrocarburos para la provisión de los Combustibles y Biocombustibles”, conocido como Ley Petropar.
El pleno aceptó el veto que anulaba el “puenteo” de Contrataciones Públicas en las compras internacionales. Sin embargo, no se reunieron los votos necesarios (41 votos) para aceptar y promulgar la parte no objetada que era eliminar la exigencia de presentación de DD.JJ. por parte de empresas privadas oferentes del Estado. Por esto todo el expediente fue remitido al archivo.
La Cámara de Senadores, el 16 de junio último aceptó el veto y sancionó la parte no objetada, que era un reclamo de gremios de camioneros, como una medida para buscar bajar el precio de combustibles, al eliminar los intermediarios.
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La diputada Rocío Vallejo (PPQ), vocera de la Comisión de Presupuesto, dijo que ya habían advertido la necesidad de vetar los artículos que hablan de saltarse a Contrataciones Públicas.
Sobre el artículo que exceptúa a los oferentes internacionales a presentar declaraciones juradas, afirmó que ya existe una ley que habla de esto.
Sin embargo, la diputada Rocío Abed de Zacarías Irún (ANR, HC), vocera de la Comisión de Asuntos Constitucionales, pidió aceptar el veto y no sancionar la parte no objetada, argumentando que esta parte “quedaba colgada”, moción que fue la ganadora.
El diputado Celso Kennedy (PLRA) en cambio pidió aceptar el veto y sancionar la parte no objetada, moción que no reunió los votos necesarios (41 votos).
El artículo 208 de la Constitución Nacional, que establece el mecanismo de la objeción parcial, señala que “ambas Cámaras podrán decidir, por mayoría absoluta, la sanción de la parte no objetada del proyecto de ley”.
Muchos pendientes por raboneros
Por falta de quórum, la Cámara de Diputados dejó sin tratamiento ayer el veto parcial del Ejecutivo a la ley que legaliza los datos falsos en las declaraciones juradas. La objeción de la Presidencia plantea que Contraloría mantenga su potestad de denunciar ante la Fiscalía los “olvidos” en las declaraciones juradas (DD.JJ.) de bienes de los funcionarios públicos.
El pleno también dejó sin tratamiento el proyecto de ley que dispone la exoneración temporal del Impuesto al Valor Agregado a los productos de la canasta básica”, presentado por diputados de Patria Querida.
También se dejó sin tratar el proyecto de ley que pretende elevar desde 8 hasta 15 años la pena por estafa y lesión de confianza que afecten el dinero público. Rige para funcionarios del Estado y del sector privado.
Igualmente quedó sin tratamiento el proyecto de ley de “Puerta Giratoria” presentado por el PEN, PPQ y el PLRA que impide a ministros y gerentes estatales ir a la competencia privada.