Como si fuera un chicanero más de los tribunales, el juez penal de garantías N° 11 Yoan Paul López, abandonó su despacho y acudió supuestamente a una actividad denominada “Formación Judicial introductoria de formadores sobre la Ciberdelincuencia y Evidencia Electrónica”. La participación del evento fue aceptada por Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, en base a una invitación recibida por la fiscala adjunta encargada del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público Abog. Matilde Moreno Irigoitia, y en la que la Corte concretó la invitación para varios jueces el 8 de junio de 2022. Fue así que una vez más quedó frustrada la realización de la audiencia preliminar.
A pesar de que el juez López ya había dispuesto con anterioridad la realización de la preliminar para el 14 de junio, ni siquiera se tomó la molestia de reprogramar esta audiencia y se marchó al mencionado curso.
Otra situación poco entendible, es por qué tanto el Ministerio Público como la Corte Suprema no programan este tipo de actividades, fuera del horario laboral.
Por novena vez, la audiencia preliminar por apropiación del que están acusados los exdirectivos de la Asociación de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados, Nélida Huespe de Peralta, Esteban Ferreira y Celina Villalba de Lovera, se frustró, en esta ocasión, por responsabilidad del juez Yoan Paul López.
Elevación a juicio oral, anulada
La causa ya había sido elevada por la jueza penal de garantías Lici Teresita Sánchez, pero la Cámara de Apelaciones, Tercera Sala, integrada con los magistrados Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y Agustín Lovera Cañete, anuló la resolución y reenvío el caso para la realización de una nueva audiencia preliminar. Argumentaron los camaristas que la jueza Sánchez no fundamentó correctamente la exclusión de las pruebas que fueron ofrecidas por las defensas.
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Fuera del Palacio de justicia, un buen número de funcionarios y docentes jubilados, se manifestó para pedir justicia a las autoridades, una vez más como lo vienen haciendo desde hace varios años. Hasta ahora, las víctimas de la supuesta apropiación, solo recibieron chicanas de parte de las defensas de los acusados y ahora, del mismo juez de la causa.
Antecedentes
En el 2018, el fiscal Alcides Corvalán imputó por apropiación a quienes se hicieron pasar por directivos de la Asociación de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados, para supuestamente extraer de forma irregular G. 1.200 millones. Los imputados fueron Nélida Huespe de Peralta, Celina Villalba de Lovera y Esteban Ferreira, sobre quienes la Fiscalía aseguró que había suficientes indicios de la perpetración de la apropiación al realizar la operación ilegal.
Posteriormente, la fiscala Stella Mary Cano presentó acusación por apropiación y reveló que el retiro de fondos de la Asociación de Funcionarios se registró entre el 17 de diciembre de 2014 y el 31 de marzo de 2015, cuando los procesados ya no eran directivos.