Tanto cartistas como oficialistas operaron ayer desde tempranas horas para dejar sin quorum la sesión ordinaria en la que debía definirse si la Cámara de Diputados prestaba o no el acuerdo para intervenir la Gobernación de Guairá, administrado por el cartista Juan Carlos Vera.
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En el espacio de oradores, la diputada Kattya González (PEN) afirmó que si este país está supurando inseguridad es porque hay un grupo político que ha protegido históricamente al contrabando, al crimen organizado y al narcotráfico; esto no nos cayó del cielo. Hay políticos que no tienen principios, que tienen negocios, acá están sentados muchos de ellos”, dijo.
Las expresiones de González dieron pie para que los colorados dieran la excusa perfecta para retirarse “molestos” de la sesión y terminaran dejándola sin quorum. “Queremos respeto, nos retiramos la bancada (sin citar a su bloque)”, dijo el diputado Ángel Paniagua (ANR, oficialista).
“Muy bien, diputado, felicitaciones, puede retirarse”, le respondió el presidente de Diputados, Pedro Alliana (ANR, HC). Segundos antes del pedido de Paniagua ya se había levantado de su banca el cartista Juan Carlos Galaverna (h) al igual que el oficialista Ever Noguera.
Consensuaron excluir el tema Guairá
Alliana terminó levantando la sesión y anunciando al pleno que entre los líderes de bancada iban a consensuar los puntos que iban a figurar en el orden del día de la sesión extraordinaria, en la que no incluyeron el tratamiento del pedido de intervención a Guairá.
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En entrevistas a los medios de prensa, los diputados cartistas se mantenían en su defensa al gobernador guaireño, quien busca inmunidad como senador en el próximo periodo. Asimismo, los oficialistas afirmaban que estaban a favor de la intervención.
Los colorados se prestan a salvar al gobernador de Guiará bajo la excusa de que el 18 de diciembre se aproximan las elecciones internas partidarias para renovar autoridades.
El gobernador Vera sería salvado pese a las graves denuncias que existen en su contra y de las cuales los propios opositores califican como “insalvables”. Se lo acusa de malutilizar US$ 2 millones del fondo covid y de repartir entre sus funcionarios más de G. 5.000 millones.