El abogado Marcial Paredes asumió hoy la defensa de la expresidenta de Petropar Delia Patricia Samudio Torras y su esposo José Costa Perdomo, solicitó el expediente de la causa que ambos afrontan por supuesta lesión de confianza y logró suspender por 4ª vez la audiencia preliminar por el caso “agua tónica”, que estaba prevista para las 9:30 de este martes.
El juez de Garantías Julián López, quien hizo lugar lugar al planteamiento de la nueva defensa, fijará en el transcurso del día una nueva fecha para la diligencia, en la que debe resolver si atiende la acusación presentada por los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, y eleva a juicio oral y público la presente causa penal.
Lea más: Advierten con sanciones a Patricia Samudio y su esposo por "chicaneros"
La última vez que se intentó llevar a cabo la audiencia preliminar fue el pasado 18 de febrero; ocasión en la que se suspendió debido a una apelación presentada por la defensa de la extitular de la petrolera estatal.
La apelación planteada por el propio Costa Perdomo fue contra el rechazo de la reposición que había presentado ante la decisión del Juzgado de Garantías a cargo de la causa, de que la excepción de falta de acción sea analizada recién en la audiencia preliminar.
Dinero de Petropar se habría usado para pagar cuenta personal
Según la acusación fiscal, bajo la administración de Patricia Samudio, Petropar adquirió, por la vía de la excepción, de la firma proveedora Solumedic SA, 3.000 tapabocas N95, 5.000 botellas de agua tónica y otros insumos, por un total de G. 359.700.000.
Esta suma fue transferida a una cuenta de la empresa Racole SA, para el pago parcial de una deuda de Costa Perdomo, esposo de la entonces funcionaria estatal, siempre según el relato de los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera en la acusación.
Lea más: Esposo de Samudio habría pagado deudas particulares con dinero desviado de Petropar
Ante la posible estrategia de la defensa de Samudio, de pedir la extinción de la causa y por ende el sobreseimiento definitivo de los procesados, alegando que el monto del perjuicio que sufrió el Estado ya fue devuelto en su totalidad por la empresa Solumedic SA, la fiscala Liliana Alcaraz indicó que la devolución del dinero se dio después de la apertura de la presente causa.
La agente del Ministerio Público remarcó que para la Fiscalía la causa se debe discutir en un juicio oral, aunque los directivos de la empresa Solumedic SA Liz Adolfina Chamorro Ferreira y Víctor Ramón Cabañas Fernández hayan devuelto al Estado los G. 359.700.000.
Lea más: "Caseros de oro": escandaloso blanqueo al diputado cartista Tomás Rivas
Los acusados alegan que el supuesto perjuicio patrimonial causado con la supuesta compra irregular de agua tónica, que asciende a la suma de G. 359.700.000, ya fue reparado. En consecuencia, aseguran que ya no hay motivos para la persecución penal, por lo que plantearon una excepción por falta de acción.