El asesinato por parte del crimen organizado del fiscal Marcelo Pecci reforzó el pedido multimillonario que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, realizó el 27 de abril pasado a la Cámara de Diputados.
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La Fiscalía solicita una ampliación presupuestaria de G. 116.945 millones que fue promovida por los diputados cartistas Basilio “Bachi” Núñez y Tadeo Rojas, además de la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo, exagente fiscal.
En la propuesta original la Fiscalía pide aumento salarial del 15% para 4.583 funcionarios que ganan menos de G. 10 millones, además de la creación de cargos, pago de subsidio familiar, bonificaciones y gratificaciones entre otros.
En el rubro de alquileres piden la suma sideral de G. 12.000 millones y proponen el cambio de fuente de financiamiento, que ellos ya no solventen el pago que proviene de las tasas, sino que se asigne a partir de ahora en el presupuesto.
Compra de vehículos
Además de la compra de 50 vehículos por un valor de G. 9.811 millones, por lo que también se contempla el aumento de G. 3.000 millones en el rubro de combustible.
Tras la declaración de debate libre a causa del atentado al fiscal Pecci los diputados Núñez y Vallejo aprovecharon para plantear “fortalecer” la Fiscalía.
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La comisión de Presupuesto dictaminó con modificaciones el proyecto de ley que será tratado hoy en la sesión convocada para las 8:30. Reducen la cantidad de la ampliación presupuestaria de G. 116.945 millones a G. 64.707 millones y de una vigencia de la ley de 6 meses a 4 meses.
Mientras que la Fiscalía pide aumento salarial para casi el 80% del plantel de funcionarios y pide la creación de 455 cargos, la comisión de Presupuesto crea y aumenta a un total de 532 cargos (ver infografía).
La Fiscalía al igual que los diputados aprovechan para incluir el aumento de otros rubros que no guardan relación con el seguro de vida, compra de equipamientos de seguridad como pago de alquileres, compra de vehículos, pago de alquiler por G. 13.103 millones, incluso pago de energía eléctrica por G. 7.091 millones.
La senadora Desirée Masi (PDP) denunció la semana pasada que habían presupuestado G. 500 millones para seguridad que nunca se ejecutaron.