Con 14 votos a favor, ayer la Junta Departamental destituyó definitivamente del cargo de gobernador del departamento Central a Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), imputado y con arresto domiciliario por lesión de confianza, asociación criminal y otros dos hechos punibles. Al mismo tiempo se confirmó como nuevo gobernador al ahora exconcejal Gustavo Machuca, electo recientemente como interino.
Fue el concejal colorado Óscar Delvalle (velazquista) quien presentó una minuta verbal solicitando la confirmación oficial del gobernador interino Gustavo Adolfo Machuca (velazquista) como gobernador del Departamento Central “con todas las prerrogativas legales que configure el cargo (…) a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley Nº 426/94 Orgánica Departamental”. Los ediles basaron su decisión en el artículo 13, inciso “C” de la Ley Nº 426/94 Orgánica Departamental.
Sin embargo, el abogado Andrés Casati, quien ejerce la defensa técnica de Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), exgobernador del departamento Central, dijo para ABC TV que la destitución de su representado que tuvo lugar ayer por decisión de la Junta Departamental es irregular. Citó al artículo 165 de la Constitución Nacional, y aseguró que solo la Cámara de Diputados tiene la atribución de separar a su cliente del cargo.
Pero dicho artículo habla de “intervención” de las municipalidades y gobernaciones que podría darse a pedido de la Junta Departamental o municipal por decisión de la mayoría absoluta, “por grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República”. También se puede recurrir a una intervención “por desintegración de la Junta Departamental o de la municipal, que imposibilite su funcionamiento”.
“La Cámara de Diputados es la que tiene la facultad para destituir a un gobernador”, sostuvo el letrado. Agregó además que toda la situación “está condimentada de intereses eminentemente políticos y que ha trazado todo el camino” para separar a su defendido del cargo de gobernador.
Casati indicó además que por falta de votos que sumen la mayoría absoluta en la Junta Departamental, en ocasiones anteriores no se logró la intervención de la Gobernación de Central, que fue planteada en dos ocasiones por la bancada liberal departamental. Afirmó que a raíz esta situación, se ha utilizado al Poder Judicial “puesto que han encontrado jueces débiles, los cuales no soportan esa presión y por la vía del arresto domiciliario han utilizado a los efectos de poder separarlo al gobernador del cargo”. Dijo además que dicho arresto domiciliario interpuesto el pasado 12 de abril es “totalmente descabellado”.
Intentamos confirmar la versión de la apelación y llamamos al exgobernador Hugo Javier González Alegre, pero el celular aparentemente estaba apagado.
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Gobernador interino con “mismas facultades”
Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia electoral (TSJE), aclaró para ABC TV que sus declaraciones no son en representación del TSJE, sino de forma particular.
Respecto a la situación del exgobernador Hugo Javier, dijo que la Junta Departamental “no tiene la potestad de destituir al ejecutivo”, y también aseguró que la Cámara de Diputados es la que debió destituir a Hugo Javier.
“Creo que la medida de ayer fue innecesaria por lo siguiente: el señor que está fungiendo en este momento de gobernador fue electo en forma provisoria ante la imposibilidad de asistir del electo. Ahora, yo veo muy difícil que la situación procesal del gobernador electo vaya a cambiar en un corto plazo, por lo que este señor (Gustavo Machuca) puede ejercer tranquilamente su cargo mientras dure la imposibilidad de asistencia de este señor (Hugo Javier)”, expresó.
“Abandono es solo cuando hay sentencia firme”
Ljubetic aseguró que el exconcejal Gustavo Machuca, como gobernador interino, tenía “las mismas facultades” y derecho que el gobernador saliente, Hugo Javier, y de esta manera afirmó que la decisión tomada ayer por la Junta Departamental no era necesaria. Consultado sobre la falta de comunicación de ausencia y falta de permiso para ausentarse de Hugo Javier, dijo que un abandono de trabajo se configura solo cuando hay sentencia firme.
“En cuanto al abandono, esta es una situación donde él está impedido de acercarse al Municipio por una resolución judicial y la pérdida de investidura se da solamente cuando hay sentencia firme”, explicó.
El entrevistado añadió también que “en este momento hay que acatar esa resolución hasta que alguien enerve la acción de la Justicia”. Agregó además que la Justicia Electoral es el órgano competente para atender todo lo referido a “los derechos de quienes fueron elegidos”. Al ser consultado sobre la posible decisión del TSJE sobre el caso, se preguntó: “¿Para qué hacer una demanda inocua en este momento?”. Agregó que solo si la prisión domiciliaria es revertida tendrá sentido alguna acción.
“Vamos a suponer que la Justicia Electoral diga que no corresponde en este momento sacarle a este señor que se encuentra privado de su libertad; no podrá asistir. De igual manera va a tener el mismo efecto, no va a poder asistir y por lo tanto no va a poder ejercer el cargo porque tiene prisión domiciliaria. Entonces yo creo que la acción judicial se puede dar. Ahora, las acciones judiciales no son muy rápidas, podía ocurrir también que el pleito dure tanto tiempo que prácticamente sea resolución inocua al final”, dijo finalmente.
No pidió permiso
El pasado 21 de abril, la Junta Departamental de Central rechazó la comunicación de ausencia de 15 días hecha por Hugo Javier González. El exgobernador no podía ir a su lugar de trabajo por estar bajo arresto domiciliario desde el 12 de abril del corriente. Posteriormente, González Alegre ya no solicitó ningún tipo de permiso y tampoco justificó su ausencia. Es decir, dejó acéfala la Gobernación de Central.
Transcurrió exactamente un mes desde que la jueza María Elena Cañete le otorgó como medida cautelar el arresto domiciliario, en el marco de la investigación en su contra por la supuesta mala ejecución de G. 6.382 millones del fondo COVID. Entonces, la Junta Departamental aplicó lo que establece la Ley Nº 426/94 Orgánica Departamental, en su artículo 13 inciso C.
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La destitución
Votaron a favor de la minuta del concejal Óscar Delvalle 14 concejales, y entre los mismos se cita a los colorados de Fuerza Republicana (velazquistas) Jadiyi Ibarrola, Óscar Delvalle, Gustavo Maciel, Milciades Raúl Aveiro y Esmilce Bobadilla, además los liberales Daniel Ferreira, Adrián Billy Vaesken, Roque Ávalos y Jorge Rolón, así como también los colorados cartistas Crispín Vallejos, Derlis Maciel, Alejandro Núñez y María Sixta Estigarribia. A ellos se sumó Miguel Villagra, de Patria Querida.
Estuvieron ausentes los ediles Atilio López (PLRA llanista) y Enrique Ojeda (ANR cartista). Se abstuvieron Mario Aguilera (PLRA llanista), Dilio Ortiz (llanista), Laura Moreira (llanista), Derlis Larroza (llanista) y Benita Jara (efrainista).
De esta manera, la Junta Departamental destituyó definitivamente al ahora exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre (cartista).