Mediante resolución de fecha 9 de mayo, el Tribunal de Apelaciones, especializado en Delitos Económicos, integrado por Arnulfo Arias, Andrea Vera Aldana y Bibiana Benítez, rechazaron el recurso de apelación solicitado por el abogado José Dos Santos, defensor de Tadeo Álvarez Cristaldo, presidente de la fundación CIAP, imputado en noviembre de 2021, por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
Dos Santos, solicitó para su defendido, medidas menos gravosas que sustituyan el arresto domiciliario, medida cautelar resuelta el pasado 5 de abril por la jueza de San Lorenzo, María Elena Cañete.
El Tribunal acató los fundamentos de la magistrada Cañete, quien sostiene que a pesar de que Álvarez Cristaldo ha demostrado suficiente arraigo, intención de someterse al proceso penal, además de ofrecer una garantía real, considera que los presuntos hechos de sospecha en contra del procesado “son graves”, así como el presunto grado de participación que se le atribuye en dichos hechos, de acuerdo al relato e imputación del Ministerio Público.
El tribunal de Alzada sostiene que es “inviable la aplicación de una medida cautelar distinta a la del arresto domiciliario”, y confirmó lo resuelto por la jueza Cañete, el pasado 29 de abril, fecha en que rechazó la revisión de medidas de Álvarez y reconfirmó el arresto.
El Ministerio Público investiga a Álvarez Cristaldo, por la ejecución de G. 5.105 millones que fueron transferidos por la Gobernación de Central para la construcción y mejoras en espacios públicos de varias ciudades del departamento Central.
El recurso, es parte de los U$S 1.000.000 (G. 6.382 millones) del fondo de emergencia sanitaria por covid-19 que el Ejecutivo transfirió en diciembre de 2020 a la institución departamental para generar fuentes de trabajo durante la pandemia.
En este contexto, el exgobernador colorado cartista, Hugo Javier González Alegre, también fue imputado junto a otras 13 personas por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, al igual que Álvarez.
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Auditorías y fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), confirmaron que la rendición de cuentas de CIAP y de la Gobernación de Central, está plagada de groseras y alevosas irregularidades, como facturas clonadas, facturas anuladas, proveedores y empresas fantasmas, entre otros.
Cabe destacar que según el estatuto social de la ONG CIAP, de Álvarez Cristaldo, la fundación no está capacitada y habilitada para la ejecución de obras de construcción y de mejoras en espacios públicos de ningún tipo.
Este hecho fue considerado grave por los entes de control intervinientes, debido a que Álvarez, realizó varias obras de construcción que ahora se encuentran en deplorable estado.