ABC accedió a una lista de operadores de estaciones de servicios de Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Denis Lichi, y confirmó que varios políticos y sus familiares están entre los clientes de la petrolera estatal, quienes se benefician de la venta a créditos de los combustibles, incluso sin garantías. Supuestamente esas deudas son saldadas a los 30 días, pero que según fuentes extraoficiales, se aplica de acuerdo “a la cara del cliente”, lo cual es negado por el Gobierno pero tampoco brindan los reportes que evidencien el manejo de la empresa.
Al respecto, César Barreto, economista y exministro de Hacienda, opinó que la petrolera estatal debe ser más rigurosa al momento de dar sus productos a crédito. Destacó la importancia de ello al señalar que se trata de una empresa estatal y por lo tanto debe contar con las garantías suficientes que respalden sus transacciones y que sean reales. “A la larga, el manejo de una empresa estatal impacta en la ciudadanía”, sostuvo.
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Mencionó que en la venta de los emblemas privados sus operadores pagan en efectivo, teniendo en cuenta que la comercialización de combustible es alta y mayormente se concreta en efectivo, agregó que no se justifica que Petropar otorgue créditos, menos que sean a un mes de plazo, argumentó.
El exministro de Haciendo hizo énfasis en el incumplimiento de la petrolera estatal a los pedidos de informes referente a sus clientes y a los morosos. “Petropar es una institución pública y debe ser transparente en sus gestiones, no debe esperar que se le exija por el mandato de una ley”, señaló.
Cabe recordar que la Ley N° 5282 de Libre Acceso a Información al Ciudadano y Transparencia Gubernamental establece que todas las empresas públicas son fuentes públicas de información, y que los contratos celebrados son documentos públicos, sin establecer ninguna reserva ni excepción.
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Urge transparencia
Barreto subrayó la importancia de la transparencia en la estructura de costos de los combustibles de Petropar y el impacto del precio internacional, ya que no se puede controlar el valor de la oferta al consumidor. De esta manera hizo referencia al subsidio dado a los combustibles del emblema estatal, que por 15 días costó unos US$ 11 millones.
“El subsidio era inaplicable, costó una fortuna a los contribuyentes, y no era la solución. Hay que transparentar los costos, que se sepa el traslado de estos precios internacionales al producto final”, afirmó.
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Se intentó conversar con el titular de la petrolera estatal Denis Lichi sobre estos cuestionamientos, pero nuevamente no contestó los requerimientos de entrevistas.