El Instituto de Previsión Social (IPS) al parecer es el mejor cliente de las empresas de seguridad de nuestro país. Y es que desde la aparición de las firmas de este rubro existe toda una puja por el acaparamiento de los millonarios contratos de la previsional.
Datos publicados en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) revelan que entre los años 2010 y 2022, la previsional destinó más de G. 369.697 millones, casi US$ 54 millones, en ese concepto. Un cifra millonaria atendiendo a que se trata de una institución caracterizada por el deficiente servicio ofrecido a sus aportantes y beneficiarios.
Mimado
El detalle de contratos adjudicados en los últimos doce años por la previsional revela que siete años estuvo bajo el dominio de una sola empresa. Se trata de Doram SACI –su denominación inicial– y luego SST Security Service Tecnology, representada por Gustavo Ramón Céspedes.
Esta firma, ligada al exdiputado colorado José Chamorro y su hijo Óscar Chamorro Lafarja, facturó G. 299.088 millones en ese periodo de tiempo.
Escándalo
El monopolio de Chamorro terminó en 2019 tras un escándalo de supuesto intento de soborno por parar publicaciones de nuestro diario sobre el negocio de seguridad. El caso también le costó su curul al entonces senador liberal Dionisio Amarilla.
El IPS entonces no tuvo otra salida que cancelar la licitación por más de G. 139.184 millones para la contratación de guardias. Sin embargo, no pasó un año para que la previsional ponga en marcha otro plan para gastar en este servicio.
Así a finales de 2020 publicó el llamado para la contratación de vigilantes por un monto global y significativamente inferior de G. 34.515 millones, pero dividido en lotes. Esta aparente “equidad” hizo que otras empresas, por fin, logren ser contratados por el IPS.
Sin embargo, entre una de las beneficiadas volvía a aparecer Chamorro, esta vez, con su firma satélite Organización Watchaman SRL, representada por Víctor Cabral. La firma logró un contrato de doce meses por G. 9.144 millones.
A esta firma se agregó Tapiti SRL, representada por el exjefe policial Vidal Machado y su hijo Mauricio Machado. La firma, con negros antecedentes consiguió un acuerdo de doce meses por G. 8.874 millones.
Las otras empresas beneficiadas el año pasado fueron Prevención SRL (Francisca de Giménez) y Grupo Servipar SA (Alfonso Jacobo), con contratos de G. 7.418 millones y G. 9.051 millones, respectivamente.
A la carga y repartija
Las empresas que resultaron beneficiadas el 2021 con los contratos del IPS están a la carga este año para quedarse con parte del monto global de G. 46.094 millones por servicios de seguridad y continuar por otros doce meses. Pelean por los mismos lotes, aunque con precios más elevados con relación al año pasado.
Lo curioso es que las firmas beneficiadas eran las mismas que cuestionaban los acuerdos a favor de Doram. Así lo revelan las protestas presentadas en 2019 por Tapiti SRL, Prevención SRL y SVP SA (Alfonso Jacobo) e investigadas por la DNCP.
Es decir, todo hace suponer que las empresas solo pretendían repartirse los millonarios acuerdos del IPS para brindar “seguridad”.
ABC intentó en reiteradas ocasiones obtener la versión del actual presidente del IPS, Vicente Bataglia, pero no respondió los mensajes.
El calvario del asegurado
El IPS este año no solo gastará G. 46.094 millones por guardias privados, sino también G. 22.387 millones en sistema de videovigilancia. Este millonario despilfarro se realiza mientras los miles de asegurados sufren un verdadero calvario para acceder a medicamentos, insumos o estudios médicos de calidad. La denuncias sobre el deficiente servicio del ente afloran a diario y sin encontrar solución.