La jefa de Control Interno de la Gobernación de Central, Karina Elizabeth Mazacotte Widmer, fue imputada por lesión de confianza, declaración falsa y asociación criminal y La Fiscalía solicitó como medida cautelar su arresto. Pero, su defensa representada por el abogado Gustavo Adolfo Valinotti Gauto, presentó un recurso de nulidad absoluta que fue rechazado por el Tribunal de Apelaciones.
Con esta disposición judicial la jueza María Elena Cañete del Juzgado de San Lorenzo tiene vía libre para fijar fecha de la audiencia de imposición de medidas para la procesada.
La defensa de Mazacotte Widmer, alega que no se especifica y no se hace relación a una conducta punible de la imputada en los hechos que se le atribuye y habla de “craso error” cometido por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera, Luis Said y Diego Arzamendia, que investigan el caso conocido como “facturas clonadas”.
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Sin embargo, los jueces Arnulfo Arias, Bibiana Benítez y Andrea Vera Aldana, manifiestan que se puede visualizar la inobservancia legal e incorrecta aplicación de preceptos legales además de la inexistencia de fundamentos en lo concerniente a la falta de especificación del grado de participación de la defendida dentro de los hechos punibles atribuidos a la misma. También aseguran que no existe agravio alguno en la imputación.
Mazacotte es funcionaria de la Cámara de Diputados y fue comisionada a la Gobernación de Central, en 2019. De acuerdo a la manifestación del fiscal Estigarribia, Karina Elizabet, entre los meses de agosto del 2020 y mayo del 2021, presuntamente, le habría encargado a la señora Modesta Valiente Escobar (imputada en la causa) pagarle a los funcionarios denominados “por transferencia” y solicitarles que emitan sus facturas a nombre de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), así como de otras oenegés con las que operaba la Gobernación.
Las facturas, posteriormente, habrían sido utilizadas para justificar los desembolsos de los fondos para la reactivación económica a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19, declarada por ley, efectuados por la Gobernación del Departamento Central a favor de la Fundación CIAP.
Los agentes tienen la sospecha de que Karina Mazacotte, conforme a los hechos y elementos de sospecha sería inicialmente cómplice en los hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa y asociación criminal.
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El Ejecutivo transfirió en diciembre de 2020 a la Gobernación de Central la suma de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones), fondo covid-19, cuyo propósito era generar fuentes de trabajo en el departamento Central, durante la pandemia del covid. El exgobernador Hugo Javier González Alegre, cartista, volvió a transferir todo el recurso y entregó G. 5.105 millones a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), cuyo titular es Tadeo Álvarez, imputado y otros G. 1.276 millones al Consejo Regional de Salud, representado por el doctor Hugo Cabrera.
En la rendición de cuentas de la institución departamental aparecen facturas clonadas, de empresas fantasmas, entre otras groseras anomalías, mediante las cuales se intentó justificar el uso del dinero.