“Si no es un tema de principio, respeto la mayoría y el consenso; entonces, seguramente vamos a evaluar desde el Ejecutivo, pero en la mayoría de los casos, la herramienta del veto trato de utilizar de una forma extrema en respeto a las mayorías que se construyen en el Congreso”, declaró el presidente Mario Abdo Benítez esta mañana cuando fue consultado sobre el proyecto de ley que libera a Petropar de los controles de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en las compras directas de combustibles.
El Congreso sancionó el miércoles pasado, tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que exceptúa de la obligación de presentar declaraciones juradas a empresas extranjeras proveedoras de combustible, lo cual facilitaría a Petropar la compra directa; es decir, sin intermediarios. La normativa también libera a la petrolera estatal de la Ley 2.051/03 de Contrataciones Públicas.
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Desde varios sectores exigen que la mencionada ley sea vetada, pues consideran que la misma representará la apertura de las compuertas de Petropar para el festín en las adquisiciones de combustibles, un mercado de millones de dólares, en pleno año electoral.
El presidente Abdo Benítez brindó declaraciones desde el Hospital Regional del Instituto de Previsión Social (IPS) en Villarrica. El mandatario se encuentra en el departamento del Guairá, donde este viernes inaugurará obras.
Contrataciones cuestiona normativa
El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, señaló que hubo una modificación del texto entre lo inicialmente proyectado y lo finalmente sancionado por el Congreso. En ese sentido, manifestó que ya advirtió al Ejecutivo que la normativa aprobada representará un “puenteo” en los controles de las compras directas por parte de Petropar.
Además, refirió que la ley es “una norma de cumplimiento imposible”.
Incluso, indicó que dicho “puenteo” de Petropar al control de la DNCP puede considerarse inconstitucional.
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El abogado José Casañas Levi coincidió en la perspectiva de que pueden aplicarse acciones de inconstitucionalidad contra dicha normativa, pues argumentó que representa una discriminación que una ley se aplique a un grupo de proveedoras y a otro, no.