Antes de llegar al punto N° 11 del orden del día, sobre el proyecto de ley “que prohíbe la asignación de combustible a las autoridades y funcionarios, de los tres poderes del Estado, de las gobernaciones y de los municipios”, los diputados dejaron sin quórum la sesión y una vez más evitaron analizar el tema.
Este proyecto de ley fue presentado por el senador Javier Zacarías Irún como una iniciativa para que “exista una equidad entre la ciudadanía en general y algunas autoridades” y prohíbe la asignación, descuento, exoneración y entrega de combustibles, tarjetas personales o de cupos de combustibles a las autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado y de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).
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Las comisiones de Presupuesto y Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria emitieron dictámenes por la aprobación del documento.
Sesión sin quórum
Sobre el tema, el diputado Edgar Acosta (PLRA) comentó que, a más tardar, en la próxima sesión deberían definir el tema y expresó que la mejor alternativa es sancionar el proyecto aprobado por el Senado. “La comisión de Cuentas y Control dictaminó por aprobar lo que vino del Senado”, acotó.
Por su parte, la diputada liberal Celeste Amarilla manifestó que existen posturas “populistas” y que espera que pronto el tema reciba una definición. “Claro que se reduzca, si no nos merecemos”, dijo.
También pidió a la ciudadanía que “aprenda a votar” para evitar que personas no idóneas y de dudosa conducta ocupen cargos públicos. Consideró que por la falta de competencia de los diputados es que la ciudadanía pide que se corten los privilegios y que incluso pedirán que “se corten los sueldos”.
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Cabe recordar que existen otros proyectos de ley relacionados a la eliminación del cupo de combustibles, uno presentado por la diputada Kattya González, también Basilio “Bachi” Núñez y otros.
Es importante mencionar, que el cupo de combustible mensual que recibe cada diputado es de G. 3.500.000. Con la eliminación de dicho beneficio a los diputados y los establecidos en el proyecto de ley, el ahorro estatal sería de US$ 46 millones.