Durante el debate del proyecto de ley que apunta a eliminar las declaraciones juradas de proveedores de combustibles en las compras de Petropar en la Cámara de Diputados, los diputados Rocío Vallejos y Celso Kennedy advirtieron que la propuesta plantea eliminar, adicionalmente, que esos procesos sean sometidos a la ley 2051 de Contrataciones Públicas. Camioneros vienen presionando por la aprobación de esta nueva ley, que ahora está “en cancha” del Poder Ejecutivo.

El diputado liberal Celso Kennedy indicó que le interesa eliminar las intermediaciones en las compras de Petropar, ya que al hacerlo, se abaratarían los costos. Sin embargo, advirtió que esta propuesta no consiste solamente en eso.

“Esta ley exceptúa completamente la ley de Contrataciones Públicas, significa que vamos a quedar sin ley. Entonces, Petropar no va a tener algo que le regula en la compra de combustibles y también exceptúa algunos artículos de transparencia”, afirmó. Esta situación le genera “muchas dudas”, ya que Contrataciones Públicas obliga a que las compras sean bajo los principios de transparencia, igualdad y libre competencia. Dijo que tiene dudas que por iniciativa propia, las autoridades de Petropar se rijan por esos valores, sin una ley que les obligue y sancione.

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“No va a haber ley para Petropar para compras públicas, sólo va a informar después lo que compró”, dijo. Pidió someter a los proyectistas a una audiencia pública.

Por su parte, la diputada Rocío Vallejos (Patria Querida) ratificó lo denunciado por Kennedy y advirtió que este proyecto de ley es “carta verde a una institución altamente sin ley, altamente corrupta”, sostuvo.

¿Cambiaron el proyecto de ley?

Al respecto, se le consultó al titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz. Según él, sólo se elimina el requisito de presentar declaraciones juradas de directivos que se presentan en licitaciones internacionales. Las compras de combustibles Petropar seguirán sometidas bajo la normativa y principios de Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, sin embargo, el texto del proyecto aprobado por Senado y ahora en debate en Diputados, dice lo contrario.

El proyecto de ley original dice: “Exceptúase a toda persona jurídica del exterior, así como a sus directores gerentes, socios, accionistas y similares, dedicada a la comercialización de hidrocarburos con debida experiencia probada, que participe en los procesos de contrataciones o que de algún modo contrate con Petróleos paraguayos Petropar (...) bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley 2051/2003 de Contrataciones públicas del cumplimiento de las disposiciones previstas en la ley 6355/2019 (...) de la declaración jurada de bienes y rentas (...)”.

Mientras que el texto aprobado dice taxativamente: “Exceptúase a toda persona jurídica del exterior, así como a sus directores, gerentes, socios, accionistas y similares, dedicada a la comercialización de hidrocarburos con debida experiencia probada, que participe en los procesos de contrataciones, o que de algún modo contrate con Petróleos Paraguayos (PETROPAR), para la provisión de los combustibles derivados del petróleo y biocombustibles, de la aplicación de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas y la ley 6355”