La jueza penal y de garantías del Juzgado de San Lorenzo, María Elena Cañete, rechazó por segunda vez, el pasado viernes, el pedido de medidas sustitutivas al arresto domiciliario que pesa contra el gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González Alegre, y la magistrada se volvió a ratificar en la medida cautelar que tuvo lugar el pasado martes 12 de abril.
Hugo Javier es investigado por el Ministerio Público sobre la supuesta mala ejecución de G. 6.352 millones (US$ 1.000.000) del fondo COVID-19 que el Ejecutivo transfirió a la Gobernación de Central en diciembre de 2020 para la reactivación económica durante la pandemia.
Pero la defensa del gobernador, conformada por los abogados Andrés Casati, Fausto Portillo y Arturo Daniel, apeló el fallo judicial y pretende medidas menos gravosas y alternativas a la prisión domiciliaria para su cliente. El recurso será resuelto esta misma semana, según fuentes oficiales del Juzgado de San Lorenzo. Deberán sentar postura la jueza Cañete, la Fiscalía de Delitos Económicos y el Tribunal de Apelación.
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El administrador departamental González Alegre fue imputado junto con otras 14 personas, el 1 de noviembre de 2021, por los aparentes hechos de corrupción de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, pues en la rendición de cuentas del millón de dólares aparecen facturas clonadas, entre otras muchas groseras anomalías.
La decisión judicial de la jueza Cañete “se basó en la justificación de dos soportes: por un lado, la prevención del peligro de fuga y, por el otro, el peligro de obstrucción a la investigación”. También se tuvo en cuenta “la gravedad del hecho que investiga el Ministerio Público y el grado de participación del imputado”, más aún teniendo en cuenta que los supuestos hechos fueron cometidos durante la pandemia, dijo la magistrada.
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