Maniobras en Clínica 12 de Junio: recurren a adenda para sacar todavía más plata a IPS

Los encargados del proyecto de reconversión de la Clínica 12 de Junio a la categoría de hospital habrían obtenido una jugosa adenda de contrato. Fuentes aseguran que la intención sería sacar todavía más plata a la previsional, por encima de los G. 50.000 millones que ya costó la obra. La excusa es corregir fallas en el desagüe pluvial, pues hay inundaciones que fueron denunciadas por vecinos. Hace un mes habrían logrado G. 2.400 millones más, aunque desde la Dirección de Fiscalización sostienen que no tuvieron errores arquitectónicos, sino unas lluvias nunca antes registradas que no se contemplaron en el pliego.

El proyecto de reconversión de la Clínica Periférica en Hospital 12 de junio podría traer muchos beneficios a los asegurados, pero según denuncias la construcción está plagada de maniobras para recaudar.
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Luego de haber gastado G. 50.000 millones en obras de infraestructura en la Clínica 12 de Junio en el momento más duro de la pandemia, con miras a un cambio de categoría que transforme a la clínica periférica en un hospital con quirófanos, ahora los poderosos que manejan las licitaciones en la Previsional habrían conseguido una jugosa adenda de contrato, consistente en G. 2.400 millones.

El argumento es que hay problemas en el desagüe pluvial que se deben resolver. La pregunta es cómo no se previeron estos detalles en el plano original de la construcción. Desde la Dirección de Fiscalización, la arquitecta Norma Alcaraz sostuvo que no se trata de errores arquitectónicos que no se previeron, sino que a finales de 2020 ocurrió una lluvia de proporciones nunca antes vistas, por lo que sufrieron inundaciones que fueron denunciadas por habitantes de la parte posterior del nosocomio.

La veracidad de estas quejas fue confirmada por la funcionaria, quien explicó que debido a este problema tienen que hacer ahora una ampliación de los trabajos de desagüe.

Según los denunciantes, con este documento se reflejaba, tiempo atrás, la intención de obtener la adenda, que finalmente se obtuvo hace un mes.

Directora defiende necesidad de más gastos

Argumentó que los trabajos que se harán son grandes, y no estaban contemplados en el pliego de bases y condiciones, pues se debe corregir algo que “ocurrió después y nadie imaginaba que podría ocurrir”, en referencia a las lluvias de diciembre de 2020.

Explicó que se harán “canalizaciones del agua de lluvia irán a un sumidero grande que, a través de bombas de succión, estirarán el agua a la avenida General Santos”. Debido a la magnitud, argumentó, es que se necesita “estimativamente”, el monto de G. 2.400 millones, dijo.

Estos trabajos se harán con el mismo Consorcio Paz del Chaco, a través de una adenda de contrato.

Estas fallas “involuntarias” implican un sobrecosto; es decir más plata del presupuesto original y más desfalco al ya desangrado Instituto de Previsión Social (IPS).

Habrían talado muchos árboles

Fuentes que denunciaron el caso a ABC Color sostienen que la misma constructora supuestamente taló una enorme cantidad de árboles, que constituían un campo de absorción natural en el terreno. Además, especialistas consultados nos explicaron que antes de la excavación y de poner los primeros muros ya se tenían que haber hecho los canales desagüe, que harían circular el agua por drenaje del terreno, o bien sacarla a la calle mediante tubos.

Igualmente, expertos que conocen de la obra comentaron a esta redacción que al levantar el nivel de la construcción, los constructores de este proyecto no previeron dónde iba a correr el efluente de lluvia, por eso la inundación a los vecinos.

La denuncia hecha a ABC Color señala además que la construcción que costó G. 50.000 millones es obsoleta; es decir, no se ajusta a los estándares para un hospital de vanguardia. La describieron como “un mamotreto que no justifica la cantidad de dinero que se gastó”.

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Fallas se habrían ignorado

Incluso, nuestras fuentes sostienen que estas fallas ya se notaban en el transcurso de la construcción, por lo que la directora de Fiscalización habría ignorado los problemas “para que no se pare la obra, y no se perjudique así a la constructora en la que trabaja su hermano”.

Un “clan de amigos”

¿Quién es el hermano de la directora de Fiscalización? Se trata del arquitecto Augusto Tito Alcaraz, exdirector de Mantenimiento, jubilado en el año 2019. Fuentes lo señalan como uno de los capos del Consorcio Paz del Chaco, que construye la obra. Refieren que, aun jubilado, seguiría manejando mucho poder con respecto a las licitaciones, y que trabajaría codo a codo con el arquitecto Gustavo Masi, exdirector de Infraestructura del IPS, removido en el anterior periodo.

A Gustavo Masi, nuestras fuentes lo sindican como el verdadero dueño y creador del mencionado consorcio. Según la denuncia, Masi y Alcaraz habrían conformado este consorcio con el objetivo de ganar licitaciones, pero utilizando prestanombres para no verse identificados, y ganar su correspondiente tajada de dinero al liberarse los fondos.

Según fuentes que hicieron la denuncia, todas estas maniobras se gestaron cuando Gustavo Masi era director de Infraestructura y Augusto Tito Alcaraz era director de Mantenimiento.

Denunciantes dicen que no hay documentos sobre estas conformaciones, pues estas personas estarían moviendo los hilos del poder desde las sombras, y se asegurarían de no aparecer en los papeles.

Masi niega estar vinculado

Con respecto a estas acusaciones, el arquitecto Gustavo Masi fue consultado por ABC y negó rotundamente tener algo que ver con el Consorcio Paz del Chaco.

Contó que sí se encargó del programa médico arquitectónico de esta obra, y argumentó que la obra arrancó cuando él ya salió del cargo, hecho que en realidad no cambia la acusación, pues de lo que se le sindica es de maniobrar la licitación, que ocurrió antes del inicio del trabajo de campo.

Notablemente, fuentes insisten en que Masi creó esa empresa. “Él es el dueño de todo pero con nombres diferentes”, aseguran.

Denunciantes nos cuentan que la dupla Masi-Alcaraz supuestamente habría conformado el Consorcio cuando ambos aún estaban en el IPS, y que “empezaron a cambiar a la gente que no estaba de acuerdo con las maniobras, planillas sobrefacturadas, etc”.

“Sobre la hora nomás cambiaron sus nombres por terceras personas y no existe documentación sobre esa licitación. Dicen que nada tienen que ver, pero ellos fueron los precursores, avalaron esa licitación y cobraron su extra”, relató una fuente a ABC Color.

Obra está atrasada

Los papeles reflejan que la obra está atrasada, pues la promesa era entregarla en marzo de 2022, hecho que, evidentemente, no se cumplió. De hecho, por esa razón, comentan nuestras fuentes, el consorcio tiene una multa por incumplimiento de contrato, pero aparentemente le fue exonerada.

Documento en el que dejan constancia que supuestamente constataron un avance del 80 % ya en noviembre de 2021. Pero la obra aún no se entrega y está atrasada.

No fiscaliza personalmente

Además de eso, fuentes dicen que la directora de Fiscalización de Obras, Norma Alcaraz, (hermana de Augusto), que debería avisar de los errores de infraestructura, no lo hizo. Sobre este punto, la arquitecta argumentó en contacto telefónico que si bien ella es la directora, no fiscaliza personalmente, sino que el fiscal es convocado por licitación, y realiza su informe, de forma “objetiva e independiente”.

Sin embargo, Alcaraz es a quien el fiscal le debe rendir estos informes, y en sus manos está darles la firma final.

La denuncia asegura que estas personas aprovechan su conocimiento del terreno y manejos internos del IPS para recaudar.

Niega vínculos con Masi

Al comunicarnos con el arquitecto Augusto Alcaraz para solicitarle su versión de los hechos, este admitió que trabaja como asesor del Consorcio Paz del Chaco y que lo llaman esporádicamente a realizarle preguntas sobre el proyecto de 12 de Junio, debido a que tiene conocimientos en arquitectura hospitalaria.

Negó el vínculo que se le señala con Gustavo Masi y dijo que solo tuvo una relación laboral en su momento. Mencionó que “no le consta” que Masi sea el dueño del Consorcio Paz del Chaco.

Según la “versión oficial” que obra en documentos, Paz del Chaco está conformado por dos consorciados: la constructora Eco de Luis González, y GCA, constructora del ingeniero Germán Flores.

¿Poder más allá del cargo?

Lo llamativo es que aún jubilados, personas como Tito Alcaraz seguirían conservando nexos estratégicos con el IPS, y aún encontrarían la manera de generar ganancias a costa de licitaciones en la Previsional, sostienen denunciantes.

Fuentes aseguran que Tito Alcaraz, ya jubilado, incluso tiene una oficina en el IPS, como si aún fuera funcionario, hecho que fue negado por el indiciado.

Pese a que Gustavo Masi en teoría no figura como dueño del Consorcio Paz del Chaco en los papeles, informantes aseguran que sí hace visitas periódicas a la obra.

Nuestras fuentes afirman que toda esta intención de ampliar el proyecto y conseguir adendas tiene mucho que ver las aspiraciones políticas de Vicente Bataglia, quien querría postularse al Senado.

En el país de maravillas, funcionarios que fueron removidos de sus cargos o incluso están jubilados, parecieran tener suficiente poder para seguir manejando licitaciones de la previsional.

En este papel consta que la obra debía entregarse en marzo de 2022, pero evidentemente, los plazos no se cumplieron.

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