El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó la Ley N° 6903 que reitera la prohibición del uso de tragamonedas en comercios de libre concurrencia de todo el país, como medida de protección a los niños, niñas y adolescentes de la influencia de estas máquinas e impedir la adicción a las apuestas (ludopatía). De esta manera, se ratifica lo dispuesto en la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar y el Decreto N° 3083/15 que permiten estas máquinas sólo en salas de juegos de azar.
Teniendo en cuenta que lo plantado en la citada normativa es lo contrario a lo dispuesto en su plan de “regularización” de tragamonedas en locales como bares, despensas y otros implementado por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidido por María Galván, se intentó conversar con la misma pero no fue encontraba en su oficina, ni contestó las llamadas ni mensajes de ABC.
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En conversaciones anteriores, Galván defendió la “legalización” de tragamonedas que se encuentran en comercios no exclusivos de juegos de azar. Dijo que las máquinas ya se encuentran en las calles y ya se trata de una cuestión de “asumir realidades” y lo más acertado es “regularizarlas”. Paraguay es el primer y único país de la región que “legalizaba” las máquinas clandestinas, mediante una resolución interna y violando lo dispuesto por su normativa de juegos de azar (Ley N° 1016/97).
El plan se implementó con la Resolución N° 34 y para aplicarlo, firmó un contrato directo con iCrop SA, cuyos accionistas son Lucy Sy, ciudadana de nacionalidad china taiwanesa y Lilian Beatriz Vera de Qiu, y el representante legal es Humberto Acuña, con quienes tampoco se logró conversar. En las redes sociales no difundió ningún comunicado al respecto.
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La nueva ley establece que los municipios son los responsables de habilitar las salas de juegos de azar, que son de acceso prohibido a menores, y se encuentra prohibida la instalación de tragamonedas en sitios de libre concurrencia. En caso de violar estas disposiciones, por cada máquina se aplicará multa de un salario mínimo legal vigente y en caso de reincidencia, el monto se duplicará, triplicará y así sucesivamente. Además, todas esas máquinas deberán ser destruidas.
También establece medidas para control del lavado del dinero, todos los jugadores y para todas las apuestas y pagos de premios, sin importar el monto.