El documento de fecha 19 de abril, dirigido al presidente de la Junta Departamental de central, al concejal Mario Aguilera (PLRA, amarillista) está firmado por el gobernador Hugo Javier González Alegre (colorado cartista) y por la secretaria general Laura Eugenia Colmán. En el mismo se comunica que el administrador departamental “estará ausente desde el día 18 de abril al 5 de mayo del corriente”.
Sin embargo, desde el martes 12 de abril hasta el domingo 17, la Gobernación estuvo acéfala y el gobernador no presentó justificación sobre su ausencia en esos días y tampoco comunicó al cuerpo legislativo como dicta la ley orgánica de Gobiernos Departamentales. Al respecto, varios concejales departamentales liberales, colorados caristas y velazquistas; y de Patria Querida, incluido el titular del pleno, salvo algunas excepciones, en todo este tiempo se mostraron complacientes con Hugo Javier.
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El imputado jefe departamental invoca en el documento al Art. 13 Inc. A de la ley Nº 426/94 “Carta Orgánica del gobierno departamental”, “que dice que en caso de ausencia, muerte, renuncia o impedimento del gobernador, se procederá como sigue: a) la ausencia por más de tres días será comunicada por escrito con antelación a la Junta Departamental y lo reemplazará el presidente de la misma, mientras dure su ausencia”.
Sin embargo, esto no ocurrió. No hubo comunicación por ausencia y tampoco asumió como encargado de despacho interino, el concejal Mario Aguilera (PLRA, amarillista), leal a la administración de Hugo Javier. El mismo, practicó todo tipo de excusas y no ocupó el lugar que le correspondía por ley.
El 12 de abril pasado, la jueza María Elena Cañete, llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas del gobernador de Central Hugo Javier González. En la ocasión ordenó el arresto domiciliario para el mismo, además de una caución de G. 1.500 millones, prohibición de salida del país y la comparecencia mensual al Juzgado de San Lorenzo.
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La decisión judicial fue tomada en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público sobre el presunto mal uso, en plena pandemia, de G. 6.352 millones (US $1 millón, del fondo covid-19) en cuya rendición de cuentas aparece facturas clonadas y anuladas, además de otras anomalías.
Hugo Javier y otras 14 personas fueron imputados el 1 de noviembre de 2021 por la supuesta comisión de los hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y declaración falsa.