Desde el Juzgado de San Lorenzo efectivamente confirmaron más temprano que la defensa de Hugo Javier, ejercida por el abogado Fausto Portillo, solicitó el cambio de domicilio del gobernador, del barrio cerrado ubicado en la ciudad de Ypacaraí a la sede de la Gobernación de Central, situada en Areguá. Pues, la actual ubicación del administrador departamental concluye en un impedimento para seguir gobernando según la ley Nº 426/94 Carta Magna de Gobiernos Departamentales.
Dicha solicitud ingresó esta madrugada al sistema judicial y dándole el trámite de rigor, la jueza María Elena Cañete, fijó revisión de medidas para el próximo viernes 22 de abril, a través de medios telemáticos, sin embargo, minutos después, la defensa desistió del pedido.
“A solicitud del cliente (Hugo Javier) acabamos de retirar dicha petición y vamos a concentrarnos a trabajar en la apelación de lo resuelto por la jueza el día de ayer, que consideramos que está llena de falencias, incongruencias, contradicciones, por ende vamos a concentrarnos en la apelación”, manifestó el abogado Andrés Casati, también defensor del gobernador de Central, para ABC.
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El letrado insistió en que la magistrada María Elena Cañete cayó en “innumerables contradicciones”. Dijo que en primer lugar, el Ministerio Público ha retirado la petición del no ingreso del gobernador a la sede departamental en atención al tiempo transcurrido desde la imputación que tuvo lugar el 1 de noviembre, ya que en cuya ocasión, los fiscales de la causa habían solicitado que ninguno de los procesados vuelva a ingresar a la institución.
Casati, en su intento de confundir sobre la situación del exanimador de fiestas, expresó que la jueza Cañete emitió una aclaratoria “manifestando que dicho arresto domiciliario es sin perjuicio al ejercicio de sus funciones como gobernador”. Sin embargo, la aclaratoria judicial indica que la magistrada no puede expedirse sobre si Hugo Javier puede o no seguir gobernando.
El defensor también se refirió sobre la demostración “de suficiente arraigo” de su defendido y lamentó que esto no haya sido considerado por la magistrada. La instancia judicial impuso la medida por “la gravedad del caso y por el grado de participación del procesado”.
La defensa del gobernador afirmó que a partir de hoy tienen cinco días corridos para apelar la resolución “aberrante” de la jueza Cañete. Expresó en todo momento que la única intención que tiene la disposición judicial es la de separar al gobernador de su cargo, ante el fracaso de pedido de intervención que tuvo lugar en noviembre pasado.
Medida cautelar tiene tinte político, asegura
Andrés Casati fue consultado si la medida cautelar tiene implicancia política y el mismo contestó que está “absolutamente seguro de eso”.
“Evidentemente esta causa ha superado los niveles jurídicos, es una causa inminentemente política, hay serios, muy serios intereses detrás de esta causa y realmente es una pena que se esté instrumentalizando al Poder Judicial por cuestiones políticas, que ya es una costumbre también sobre todo en épocas de elecciones y después todo esto termina en un abrazo, en una reconciliación y se queda el problema en el Poder Judicial, que se tienen que ingeniar los magistrados para resolver este tipo de causas”, dijo Casati.
El gobernador fue imputado por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal tras el presunto mal manejo, en plena pandemia, de G. 6.352 millones (US$ 1 millón del fondo COVID-19) en cuya rendición aparecen facturas apócrifas y otras muchas anomalías. Al respecto, la decisión judicial se basa “en la gravedad del hecho, en el grado de participación del procesado, ante el latente peligro de fuga” sobre todo, en el tiempo en que ocurrieron los hechos, según manifestó la jueza Cañete.
El pasado martes 12 de abril, la magistrada Cañete llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas para el administrador departamental Hugo Javier González y otorgó como medida cautelar en la causa conocida como facturas clonadas arresto domiciliario, una caución de G. 1.500 millones, prohibición de salida del país y el registro de firma mensual en dicho Juzgado.
El gobernador fue imputado por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal tras el presunto mal manejo, en plena pandemia, de G. 6.352 millones (US$ 1 millón del fondo covid-19) en cuya rendición aparecen facturas apócrifas y otras muchas anomalías. Al respecto, la decisión judicial se basa “en la gravedad del hecho, en el grado de participación del procesado, ante el latente peligro de fuga” sobre todo, en el tiempo en que ocurrieron los hechos, según manifestó la jueza Cañete.