Codehupy califica de dictatorial la ley que criminaliza el cierre de rutas

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) rechaza tajantemente la intención de modificar un artículo del Código Procesal Penal (CPP) para “criminalizar” el cierre de las rutas, impulsado por el senador Enrique Riera. Sus autoridades dicen que coarta los derechos humanos y que no hubo un debate amplio con sectores que puedan dar opiniones técnicas.

Imagen referencial de protesta de camioneros en ruta. (archivo).GENTILEZA
audima

El secretario Ejecutivo de Codehupy, Óscar Ayala Amarilla, cuestionó que desde el Congreso Nacional no se realizaran audiencias públicas, donde la Comisión Nacional de Estudios de la Reforma Penal, pudo haber presentado sus criterios mediante los connotados penalistas sobre el proyecto que criminaliza el cierre de rutas.

Tampoco se dio participación a otras instituciones o sectores que se verían afectados.

El proyecto impulsado por el legislador Enrique Riera sería tratado este jueves en Cámara de Senadores.

Comparan normativa con normas de la dictadura

Óscar Ayala recordó que en el año 1970, en plena dictadura del expresidente Alfredo Stroessner, al mandatario se le ocurrió impulsar la Ley 209, denominada “De Defensa de la Paz Pública”, que es similar a la que se pretende aprobar, pues prohibía las protestas y las reuniones.

Esta ley terminó encarcelando a las personas que se manifestaban, resaltó el titular de Codehupy.

Polémico proyecto busca censurar la libre expresión

Explicando otros elementos, Ayala manifestó que se quiere legislar sobre un derecho humano como lo es el de la protesta.

Mencionó que la propuesta no resiste las disposiciones emanadas de la Carta Magna. Mucho menos se ajusta a obligaciones internacionales del libre derecho de manifestarse que existen en Paraguay.

Lamentó que se busque censurar la libre expresión de protestar contra situaciones negativas que atraviese la población. Pidió, en ese contexto, que el Estado garantice esta herramienta.

Como representante de los derechos humanos, destacó que el derecho al libre tránsito también tiene su fuerza y se respeta. Enfatizó que la Fiscalía puede intervenir y procesar a las personas en cierres que no tengan nada que ver con un derecho a la protesta. “No es necesaria una nueva ley”, puntualizó.

Por último, indicó que será importante que se abra el debate y pidió a los senadores a que actúen con racionalidad democrática. “De sancionarse, la propia Corte podría analizarla y declararla inconstitucional. O eventualmente se recurriría a instancias internacionales”, concluyó.

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