La jueza María Elena Cañete ordenó el 12 de abril último el arresto domiciliario del imputado gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González. Fue en el marco de la investigación del Ministerio Público por el presunto mal uso de uno de los dos millones de dólares transferidos por el Poder Ejecutivo para la reactivación económica durante la pandemia del covid-19.
En principio, la resolución judicial establecía que el jefe departamental debía cumplir su encierro en una vivienda ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora. Sin embargo, luego por pedido de su abogado Fausto Portillo, se logró cambiar a una vivienda en el exclusivo barrio cerrado Costa Lago, situado en el límite entre los distritos de Itauguá e Ypacaraí.
El profesional pidió el cambio a fin de que Hugo Javier pueda seguir ejerciendo su rol de gobernador y cumplir en forma con su rol de padre. Sobre el primer fundamento, los leales al jefe departamental intentan confundir utilizando la excusa de que el arresto domiciliario se decretó en la misma ciudad asiento de la institución departamental.
Tal es el caso del presidente de la Junta Departamental, Mario Aguilera (PLRA, amarillista), que no quiere asumir una postura e incluso ya ensayó una excusa defensiva que la ley 426/94 “Carta Orgánica del gobierno departamental” establece que la gobernación debe funcionar en la capital departamental. Esta postura le valió a que sea calificado por su colega y correligionario, Adrián Billy Vaesken, como un ordenanza del sector cartista.
Implícitamente
El abogado José Casañas Levi, al consultársele sobre la intención del sector cartista de mantener a Hugo Javier al frente de la gobernación, respondió que a su criterio no puede porque la función se cumple en el lugar de la institución. Implícitamente al dictar arresto domiciliario, la jueza está indicando que no puede ir a su lugar de trabajo, acotó.
El experto en derecho penal indicó que es absurdo que ejerza desde su casa. ¿Y el secretario? ¿Y la parte administrativa? se preguntó.
Añadió que en todo caso la fiscalía debería presentar una aclaratoria sobre ese punto porque no tiene sentido, reiteró Casañas Levi.
Otra prohibición
Además del arresto domiciliario, el imputado gobernador de Central tiene la prohibición de comunicarse con los coimputados en el marco de esta causa. En ese sentido, están varios funcionarios de la institución departamental, como el director general de administración y finanzas, Javier Marcelo Rojas; la secretaria general, Lourdes Lezcano; el secretario de obras públicas, Armando Adolfo Soler; el asesor jurídico general, Édgar José Zaracho y la funcionaria de la Dirección General de Administración y Finanzas, Modesta Valiente.
Es decir, Hugo Javier tampoco podrá coordinar trabajos con sus subordinados.
Carta orgánica contundente
Los concejales departamentales Daniel Ferreira y Adrian Billy Vaesken, ambos liberales, insistieron en que el Art. 13 de la Ley 426/94 “Carta Orgánica del gobierno departamental” es contundente sobre los pasos a seguir en estos casos. Afirmaron que Hugo Javier está obligado a comunicar su ausencia o bien a partir de la recepción de la medida judicial también se puede tomar como un hecho. A partir de ahí asume como encargado de despacho el presidente de la Junta, el liberal amarillista Mario Aguilera, por un periodo de quince días. Actualmente la institución departamental presenta una acefalía y eso no puede ser, puntualizaron.
Repartija de dinero público
El Ministerio Público investiga el presunto mal uso G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) que le fueron transferidos al imputado gobernador Hugo Javier González (ANR, cartista) por el Poder Ejecutivo. El dinero público era para la reactivación económica durante la pandemia del covid; sin embargo, fue repartido por el jefe departamental a dos ONG.
Las beneficiadas fueron el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez, y el Consejo Regional de Salud, a cargo de Hugo Cabrera. La primera entidad recibió G. 5.105 millones, mientras que la segunda G. 1.276 millones, según los registros.
La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) junto con la Fiscalía encontraron que González justificó el uso del dinero mediante facturas presuntamente clonadas.