En una sesión extraordinaria este lunes en el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados resolvió derogar la vigente Ley 6900/2022 “Que crea el fondo de estabilización del precio de los combustibles”, una polémica pieza de legislación que según algunos sectores derivó en competencia desleal entre la empresa estatal Petropar y los emblemas privados importadores de carburantes.
La decisión supone también un rechazo a la realización de un préstamo de 100 millones de dólares para aumentar el alcance de esa ley e incluir en el subsidio también a los emblemas privados, como fue aprobado la semana pasada en el Senado.
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De los presentes, 61 diputados votaron por la derogación y ninguno votó en contra. Hubo nueve abstenciones. La decisión será ahora remitida a la Cámara de Senadores.
Polémico fondo de estabilización
La creación de un “fondo de estabilización”, financiado con un préstamo internacional, para subsidiar la importación de combustibles fue un recurso planteado por el Gobierno para intentar frenar el continuo aumento de los precios de carburantes en Paraguay.
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Sin embargo, la medida fue criticada por beneficiar inicialmente solo a Petropar, cuyas estaciones de servicio solo cubren alrededor del 14 por ciento de la demanda nacional de combustibles, y que no tiene presencia en todo el país, haciendo que efectivamente el subsidio no pueda beneficiar por igual a toda la ciudadanía.
Además, representantes del sector privado de distribución de combustibles argumentaron que por limitarse el subsidio inicial a Petropar, permitiéndole a la empresa estatal ofrecer precios más bajos en ciertos tipos de combustible, a los emblemas privados les sería imposible competir en igualdad.
Un “error” aprobado bajo presión
Varios legisladores como el diputado Celso Kennedy (PLRA, Partido Liberal) coincidieron en afirmar que inicialmente acompañaron la aprobación de la Ley 6900 “porque estábamos demasiado presionados”, y el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, diputado Tadeo Rojas (ANR, Partido Colorado), calificó a la ley como “un error que hemos cometido en busca de una solución”.
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“Estábamos generando una competencia desleal, una injusticia tremenda que lamentablemente se dio en una situación confusa”, agregó el diputado Rojas.
El diputado Rojas también señaló que aprobar un préstamo de cien millones de dólares que solo serviría para un período de tiempo de alrededor de un mes, en una época de crisis económica, sería “un craso error y una carga para toda la ciudadanía”.
“No podemos seguir pretendiendo corregir la situación en base a préstamos y subsidios”, coincidió el diputado liberal Teófilo Espínola.
¿Pytyvõ de combustibles?
El diputado Sebastián García (Patria Querida) criticó al gobierno del presidente Mario Abdo Benítez acusándolo de carecer de rumbo y la capacidad de “marcar una agenda y poner soluciones”, afirmando que “el ciudadano de a pie paga las consecuencias de una clase política incapaz de ponerse a la altura de las necesidades”.
Adelantó que su equipo está trabajando en una propuesta que describió como “una especie de Pytyvõ para combustibles” –en referencia al programa de subsidios de auxilio económico implementado por el Gobierno para asistir a personas afectadas por las medidas restrictivas adoptadas entre 2020 y 2021 por la pandemia de covid-19– para ayudar a camioneros, conductores de plataformas privadas de transporte como Uber, Muv o Bolt; trabajadores de “delivery” o fleteros y demás “gente que sufre las consecuencias del aumento en sus costos operativos”.
“Subsidiar la demanda, al consumidor final, ahí se puede realizar un control de cómo impacta el subsidio puntualmente, no un subsidio a la importación que solo beneficia a un pequeño círculo de importadores”, concluyó el diputado García.