Un Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Eva Silva Amarilla (presidenta), Raquel García y Liz Sanabria, encontró culpables a los procesados por los delitos de hurto agravado, daño a la cosa de interés común y producción de riesgos comunes.
El incendio que afectó al edificio comunal ocurrió una lluviosa madrugada del domingo 25 de marzo del 2018, cuando la ciudad se aprestaba para celebrar su aniversario número 403. Destruyó por completo el área de tesorería y gran parte de la planta baja del edificio. No afectó mayormente a la planta alta.
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La investigación permitió detectar que un monto superior a los 260 millones, producto de la recaudación del día viernes anterior al incendio, había desaparecido de una caja fuerte, que fue encontraba calcinada con la llave puesta.
Las “ideólogas” del robo habrían sido Mirta Herrera, quien entonces se desempeñaba como jefa de Tesorería, y Miriam Irala, quien fungía como cajera.
El propósito habría sido ocultar un hecho de apropiación de los ingresos municipales mediante un sistema de retiro de dinero en efectivo, que era cubierto con cheques de terceros (exacción). Un sistema conocido como “bicicleteo”.
Miriam Adela Irala Pérez y su pareja, Ricardo Palacios Künner, fueron condenados a siete años de cárcel, encontrados culpables de hurto agravado, daño a la cosa de interés común y producción de riesgos comunes.
Armando César Zacarías, el ejecutor de la operación, fue condenado a cinco años de pena privativa de libertad por el delito de coautor en el incendio, daño a cosas de interés público y producción de riesgos comunes. Pesó a su favor el haber mostrado arrepentimiento ante el Tribunal y admitir los hechos.
La que menor condena recibió es la exjefa de tesorería, Mirta Herrera, con una pena privativa de libertad de cuatro años. La misma había sido señalada como una de las supuestamente “craneó” la operación para borrar evidencias. Fue encontrada cómplice e instigadora en los hechos. Herrera, sin embargo, negó todo de lo que fue acusada, y apelará la sentencia.