El Tribunal de Apelación Penal, 2ª Sala, integrado por los camaristas Bibiana Benítez Faría, Delio Vera Navarro y José Agustín Fernández, resolvió confirmar la providencia de fecha 15 de febrero de 2022 y el Auto Interlocutorio N’ 136 del 17 de febrero de2022, por los cuales el juez de Garantías Julián López rechazó los recursos planteados por la extitular de Petropar Delia Patricia Samudio Torras y su esposo José Costa Perdomo, acusados de lesión de confianza por la presunta compra irregular de agua tónica, con la excusa que el líquido era eficaz para combatir el covid-19.
Los acusados habían apelado el rechazo de la reposición presentada ante la decisión del magistrado de la causa, de que la excepción de falta de acción sea analizada recién en la audiencia preliminar.
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El argumento de la defensa es que el supuesto perjuicio patrimonial causado con el supuesto hecho punible, que asciende a la suma de G. 359.700.000, ya fue reparado. En consecuencia, afirma que ya no hay motivos para la persecución penal.
Con esta decisión del tribunal de alzada, una vez que reciba el expediente el juez de Garantías Julián López podrá convocar por cuarta vez a los acusados para llevar a cabo la audiencia preliminar, en la que debe resolver si eleva la causa a juicio oral, como pide el Ministerio Público.
Advertido con sanciones por “chicanero”
Para dilatar el tratamiento del recurso planteado el abogado José Costa Perdomo, por derecho propio y en representación de su esposa Patricia Samudio, recusó a los integrantes del Tribunal de Apelación Penal, 2ª Sala, de la Capital.
Sin embargo, la recusación fue rechazada por unanimidad por los ministros Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia, integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y confirmaron a los camaristas para resolver la apelación.
Además, el máximo tribunal resolvió “llamar la atención al abogado José Costa Perdomo y advertirle que, en caso de que persista con presentaciones manifiestamente infundadas y con fines eminentemente dilatorios, serán aplicadas las sanciones disciplinarias que correspondan”.
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Utilizó dinero de Petropar para pagar cuenta personal
Según la acusación fiscal, bajo la administración de Patricia Samudio, Petropar adquirió, por la vía de la excepción, de la firma proveedora Solumedic SA, 3.000 tapabocas N95, 5.000 botellas de agua tónica y otros insumos, por un total de G. 359.700.000.
Esta suma fue transferida a una cuenta de la empresa Racole SA, para el pago parcial de una deuda de Costa Perdomo, esposo de la entonces funcionaria estatal.
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Ante la posible estrategia de la defensa de Samudio, de pedir la extinción de la causa y por ende el sobreseimiento definitivo de los procesados, alegando que los G. 359.700.000 (monto del perjuicio que sufrió el Estado), ya fue devuelto en su totalidad por la empresa Solumedic SA, la fiscala Liliana Alcaraz indicó que la devolución del dinero se dio después de la apertura de la presente causa.
La agente del Ministerio Público remarcó que para la Fiscalía la causa se debe discutir en un juicio oral, aunque los directivos de la empresa Solumedic SA Liz Adolfina Chamorro Ferreira y Víctor Ramón Cabañas Fernández hayan devuelto al Estado los G. 359.700.000.
Coacusados, beneficiados con salida procesal
Los coacusados Félix Marcelo Chávez, Roberto Cabrera Narváez, Miguel Darío Cáceres y Freddy Agustín Careaga tuvieron su audiencia preliminar en noviembre del año pasado y el juez Julián López hizo lugar al pedido planteado por las defensas y otorgó la suspensión condicional del procedimiento para los cuatro.
Los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz se allanaron a la propuesta, teniendo en cuenta que los mismos fueron procesados como cómplices de la lesión de confianza y la expectativa de pena no es elevada.